A preguntas de los periodistas, García afirmó que en las cuatro sentencias dictadas por el Alto Tribunal queda descartada de manera definitiva la existencia del derecho a la objeción a esta asignatura y reconoce que los contenidos no lesionan la libertad de elección por las familias de la educación moral y religiosa.

Asimismo, subrayó que la materia se ajusta a la responsabilidad que la Constitución Española atribuye al Estado en materia de educación "y todos los alumnos y alumnas tienen la obligación y el derecho de cursarla".

En este sentido, la titular de Educación insistió en que se trata de una asignatura que prepara al alumnado para una ciudadanía activa y democrática y le enseña a respetar los principios constitucionales.

García concluyó expresando que "la Educación para la Ciudadanía es una preocupación que comparte toda Europa".