La Comunidad regula esta materia de forma específica por primera vez y lo hace a través de cinco títulos que suman 55 artículos, seis disposiciones adicionales, dos transitorias, una derogatoria y ocho finales.

La norma será de aplicación a todo el sector público de la Comunidad, es decir, a la Junta de Castilla y León, sus organismos autónomos, las cuatro universidades públicas de la región, los consorcios que contemplen la concesión de subvenciones, los entes públicos de derecho privado y aquellas otras entidades públicas que se financian con cargo a los presupuestos generales de la Comunidad.

Una de las novedades del proyecto es el artículo 4, que obliga a elaborar un Plan Estratégico antes de crear una nueva línea de subvenciones.

El texto legislativo recuerda que las solicitudes deben presentarse siempre en un modelo normalizado, que se facilitará en cada convocatoria, y acompañadas de la documentación pertinente.

Con el fin de evitar molestias a los ciudadanos, aquellas personas que ya hayan aportado esos mismos datos a la administración que concede la ayuda quedarán eximidas de hacerlo de nuevo. Para beneficiarse de esta ventaja basta con indicar cuándo y dónde, es decir, en qué órgano o dependencia, se presentó la información.

La Junta informó hoy de que las subvenciones que llegan a un mayor número de ciudadanos son las que se adjudican por concurrencia competitiva, puesto que se trata de la forma habitual de concesión.

De hecho, durante el año 2007 la Junta y sus organismos autónomos gestionaron 249 líneas de ayudas de este tipo, que beneficiaron a cerca de 200.000 personas por un importe aproximado de 358 millones de euros.

Entre las materias objeto de este tipo de subvenciones figuran el apoyo a la familia, el fomento del empleo, la modernización de los sectores productivos, la mejora y el acceso a la vivienda, la conservación del patrimonio y la I+D+i, entre otras.