La finalidad de esta norma es reforzar la integración de actuaciones, la investigación y la coordinación de las consejerías de Presidencia y Administración Territorial, Agricultura y Ganadería, Medio Ambiente y Sanidad en relación con la vigilancia y control de la "influenza aviar de alta patogeneidad", así como adoptar medidas de salvaguarda para hacer frente a las posibles emergencias sanitarias.

A la Consejería de Presidencia y Administración Territorial le corresponde, en el ámbito de sus facultades sobre Protección Civil, velar por el cumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos. En cuanto a la Consejería de Agricultura y Ganadería, en virtud de la Ley de Sanidad Animal de Castilla y León, le corresponde el seguimiento e inspección en las explotaciones ganaderas.

Por otro lado, a la Consejería de Medio Ambiente le afecta por la importancia medioambiental, ya que las aves migratorias pueden desempeñar un papel decisivo en la transmisión de la enfermedad, por lo que al ser éste un hecho poco controlable, es preciso poner en marcha un plan de contingencia destinado a la detección precoz. Por último, a la Consejería de Sanidad le afecta en su actividad inspectora sobre mataderos, salas de despiece y puntos de venta, según informó la Junta castellana y leonesa.