El consejero castellano y leonés de Medio Ambiente, Carlos Fernández Carriedo, informó hoy en rueda de prensa, tras la reunión del Consejo de Gobierno, de la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la ley que modifica el Plan Hidrológico Nacional en una parte muy concreta que afecta a la Comunidad de Castilla y León en el río Ebro.

Esta ley se modificó con fecha 22 de junio y establece en su artículo único que "la fijación de los caudales ambientales se realizará con la participación de todas las comunidades autónomas, que integran la cuenca hidrográfica a través del Consejo del Agua de los respectivos cauces", pero, recuerdó Fernández Carriedo, se añade que sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición adicional décima, en relación con el plan integral de Protección del Delta del Ebro.

Para la junta, esta disposición específica décima otorga de forma bilateral a dos únicas administraciones, que serían la Administración del Estado y la Generalitat de Cataluña, la potestad de presentar un Plan integral de protección del Delta del Ebro, en el que se establece el caudal mínimo necesario, el caudal ecológico, medidas de protección y medidas del cauce que están afectando al conjunto de la cuenca y sin el conocimiento, ni el respaldo, ni la participación del resto de las comunidades autónomas.