El Gobierno regional considera que esta decisión, que le impide invertir en torno a 150 millones de euros anuales, según asegura en una nota, es nula de pleno derecho porque se tomó sin negociación bilateral previa, a pesar de que el procedimiento establece que la participación autonómica es necesaria para fijar el objetivo de estabilidad presupuestaria.

El recurso, tramitado ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, es "coherente" con la posición que mantuvo la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado 11 de julio, en el que Castilla y León fue la única comunidad que votó en contra de la propuesta, según explica.

La consejera de Hacienda criticó entonces que "se obligue a ahorrar" a la región sin tener en cuenta su bajo nivel de endeudamiento y sus necesidades de infraestructuras y equipamiento, y recordó que el Gobierno español está obligado por ley a abrir un proceso de diálogo bilateral con cada autonomía, que en el caso de Castilla y León no se ha producido, afirma.

Según recoge la demanda, la única respuesta que ha recibido Castilla y León "ha consistido en una carta de tres párrafos compuesta de acuse de recibo, agradecimiento y remisión a la normativa vigente", firmada por el secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos.

De ahí que la Junta insista en que el Consejo de Ministros ha hecho un uso desproporcionado de la capacidad que le otorga la actual legislación, "al imponer unilateralmente un objetivo de estabilidad" idéntico para las 17 comunidades con independencia de su nivel de deuda, lo que supone "una vulneración de la autonomía financiera de Castilla y León".

Por otra parte, el recurso responde a un mandato de las Cortes regionales, que el 26 de septiembre de 2007 aprobaron una proposición no de ley que instaba a la Junta a requerir al Gobierno de España que dejara sin efecto el acuerdo del Consejo de Ministros mencionado ya que, de ejecutarse, supondría una disminución de las inversiones en la comunidad.