Los centros tenían de plazo hasta el pasado mes de diciembre para adaptarse al decreto 109/1993, modificado por el decreto 295/1994, que regulan la autorización, acreditación y registro de entidades, servicios y centros de carácter social en Castilla y León.

En la actualidad la región cuenta con un total de 422 residencias de la tercera edad inventariadas, de las cuales 344 se encuentran registradas, es decir, reúnen los requisitos exigidos.

De las 78 residencias restantes, 8 n han entrado en funcionamiento y las demás se están adaptando a la normativa, en muchos casos a través de las subvenciones que para esta finalidad reciben de la consejería.

En todo caso, la inspección de la Gerencia de Servicios Sociales es la que verifica en última instancia la situación de cada centro.

El balance inspector de 1997 revela que las provincias de Burgos y Soria son las únicas donde no se registraron expedientes sancionadores o cierres cautelares de residencias.

Por provincias,Valladolid acumula la mayor cantidad de irregularidades, con 3 cierres y 17 expedientes sancionadores más. En León se produjeron otros 3 cierres más, unidos a 7 expedientes de sanción.

Avila registró 3 clausuras y un centro expedientado; Salamanca, un cierre y una propuesta de sanción, y Palencia, Segovia y Zamora, un expediente sancionador cada una.