Valdeón se expresó así en una reunión mantenida hoy en Madrid con la secretaria de Estado de Asuntos Sociales, Familias y Discapacidad, Amparo Valcarce, en la que expuso varios proyectos de su departamento al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

En materia de familia, explicó Rosa Valdeón a Valcarce, la Junta de Castilla y León puede crear en 2005 un total de 26 plazas para centros infantiles con la cantidad que destina el Ministerio a esta región, lo que significa que el presupuesto ministerial es 41 veces menos que el regional.

En este sentido, añadió que si el Gobierno central hubiera cumplido su promesa de destinar 1.000 millones de euros iniciales a este tipo de centros, corresponderían a Castilla y León como mínimo 45,5 millones, con lo que se podrían crear más de 3.700 plazas. "Lo que se aporta a Castilla y León, por tanto", aseguró su consejera de Familia, "es 142 veces menos que lo prometido"

Con respecto al asunto de la dependencia, Valdeón insistió en que Castilla y León tiene mucho que decir en la construcción del Sistema Nacional de Dependencia "tanto por su realidad sociodemográfica como por la posición ventajosa en cuanto a recursos sociales".

Por este motivo, la junta castellanoleonesa ofreció al ministerio la celebración en la Comunidad de unas Jornadas para debatir y profundizar en la posición de las comunidades autónomas "en un reto trascendental para todos como es la creación del Sistema Nacional de Dependencia".

Por último, la consejera expuso a la secretaria de Estado dos proyectos piloto de atención integral a las personas mayores en situación de dependencia de la ciudad de Valladolid y de la provincia de Salamanca y otro para la atención de personas dependientes por padecer una enfermedad mental grave que vivan en el ámbito rural de la provincia de Zamora.

Además, explicó otro relativo a la organización de un sistema de acceso unificado de las personas mayores en situación de dependencia a las prestaciones sociales, que integre la valoración de las necesidades, el plan de caso, el reconocimiento de derechos a recursos públicos, la gestión integrada de prestaciones y el seguimiento periódico para la actualización del plan de caso.