La Ley de Evaluación de Impacto y Auditorías Ambientales exigirá a todas las empresas instaladas o con intención de ubicarse en esta región a someterse a un estudio que revlará el impacto que causan sobre el medio ambiente las actividades que realizan.

La norma obliga a las nuevas industrias a elaborar un proyecto previo de evaluación de impacto ambiental, cuyos costes deberá sufragar la propia empresa.

Respecto a las empresas ya existentes en la región a las que afecte la ley, tendrán un plazo de cinco años desde la entrada en vigor de la ley para someterse a una auditoría ambiental que pagará la Junta de Castilla y León.

Los sectores que deben realizar estasauditorías son las centrales térmicas, acerías, ferroaleaciones y fundiciones que produzcan más de 10.000 toneladas al año, fertilizantes químicos, industrias de productos farmacéuticos, plantas de celulosa, azucareras, alcoholeras, empresas fabricación de automóviles y las plantas de tratamiento de residuos tóxicos y peligrosos.

Según Francisco Jambrina, consejero de Medio Ambiente, "será el propio empresario el que se someta a un chequeo y establezca, en cooperación con la Administración, un program para resolver los problemas de su 'enfermedad'".