Torres fue cesado en el cargo esta mañana por el Consejo de Ministros, "a petición propia", según declaró el propio interesado esta mañana en Málaga, a donde acudió en un viaje de trabajo.

El hasta ahora fiscal general del Estado comentó que había pedido a Felipe González el relevo cuando se dio centa de que nunca iba a tener todas las condiciones a su favor para desempeñar el cargo plenamente.

Torres y el ministro de Justicia, Tomás de la Quadra, han mantenido un fuerte enfrentamiento desde que el primero decidiera asumir como propias las críticas del colectivo fiscal a la escasez de medios en que se mueven los acusadores públicos y a la falta de organización.

En opinión de Castellano, lo normal en un Gobierno, cuando sustituye a un cargo tan importante como el de fiscal general, sería "ar una explicación" y no saldar el incidente diciendo que el cese se ha producido "a petición propia", porque en democracia no pueden existir decisiones "gratuitas".

"Si la explicación es que el fiscal general ha reclamado determinada clase de medios, ésta es la prueba palpable de que consideran que el fiscal general del Estado debe estar sometido al Gobierno y, por tanto, es la máxima negación de su independencia", explicó.

"A ESPALDAS" DE LA CIUDADANIA

Pablo Castellano manifestó a Servimedia ue una medida como la adoptada hoy por el Consejo de Ministros no puede suceder "a espaldas" de la opinión pública e hizo un llamamiento para evitar que lo ocurrido hoy pase sin una reacción democrática.

"Porque, sin perjuicio de respetar la figura del sustituto (Eligio Hernández, miembro del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PSOE), es un hecho que se trata de una figura política, que ha sido delegado del Gobierno en Canarias", concluyó.

Izquierda Unida presentó hoy en el registr del Congreso de los Diputados una pregunta urgente para que el Gobierno responda en el pleno de la próxima semana cuáles son las razones que le han llevado a sustituir a Leopoldo Torres.