Cassinello se ampró en el artículo 24.2 de la Constitución que consagra el derecho de todos los ciudadanos a no declarar, a la vez que señala el derecho "al juez ordinario predeterminado por la ley" y a "ser informados de la acusación formulada contra ellos".

Asimismo, la negativa a declarar del ex jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil se basó en que "se le produce indefensión puesto que desconoce los hechos que se le imputan y, por lo tanto, se le está privando del derecho de defensa, de manera que el acto de imptarle sólo tiene una apariencia formal de preservar sus derechos", según indicaron a Servimedia fuentes de la defensa de Cassinello.

Estas mismas fuentes explicaron además que la declaración del secreto del sumario se trata de una "mera formalidad, ya que a diario aparecen informaciones sobre el caso siendo el imputado el último que se entera de estos datos".

Antonio Bernal, defensor de Cassinello, aseguró que "de acuerdo con la ley, al haberse planteado una cuestión de competencia, sólo debe proederse a las diligencias de reconocida urgencia y difícilmente pueden tener tal condición una declaración a recibir en mayo de 1996, trece años después de la presunta comisión de los hechos, y diez años después de la apertura de las primeras diligencias por el juez de instrucción de la Audiencia Nacional número 2".

Cassinello realizó una declaración de principios por la que afirmó su "acatamiento a las decisiones judiciales que se dicten en el proceso comprometiéndome a comparecer en presencia judicia cuantas veces sea requerido para ello y a colaborar en el esclarecimiento de los hechos objeto de investigación, siempre y cuando no sean violentados mis derechos constitucionales".

COMPETENCIA

Andrés Cassinello, imputado por el juez Garzón en el `caso Oñaederra' junto con los generales Enrique Rodríguez Galindo y José Antonio Sáenz de Santamaría, presentó el pasado día 13 al magistrado un escrito en el que le solicitaba la declinación de su competencia para investigar esta causa a favor del juzgad central de instrucción número 2 de la Audiencia Nacional. El abogado alega que este juzgado abrió diligencias relacionadas con este caso en 1986 por lo que es el competente y no Garzón.

Posteriormente, tanto los defensores de Sáenz de Santamaría como de Rodríguez Galindo, se sumaron a esta petición, planteando en sendos escritos la cuestión de competencia a Garzón.

La defensa de Cassinello considera, por ello, que el juez competente para investigar el 'caso Oñaederra' es el primero que conoció l causa, en este caso el titular del juzgado número 2, Ismael Moreno, y no Garzón, basándose en el artículo 18 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Tras recibir el escrito de Cassinello, el juez Garzón solicitó al fiscal del caso un informe sobre su competencia para investigar el caso, dictámen que el representante del ministerio público todavía no ha emitido, según informaron hoy fuentes de la Audiencia Nacional. El magistrado podría asímismo pedir al juzgado de Moreno que le informe si allí existen iligencias sobre el asesinato de Oñaederra.

Garzón ya tomó declaración a Sáenz de Satamaría ayer y tras un "interrogatorio muy genérico" salió en libertad sin fianza. El magistrado aún no ha llamado a declarar a Galindo, quien sí tendrá que comparecer el próximo jueves ante el juez Javier Gómez de Liaño en relación al `caso Lasa y Zabala'.