En concreto, el jurado entenderá de los delitos de infidelidad en la custodia de documentos, las limitaciones a la libertad sexual cometidas por funcionarios de prisiones, los cohechos, la malversación de caudales públicos, los fraues y exacciones ilegales, las negociaciones prohibidas a funcionarios y el tráfico de influencias.

En opinión de Belloch, la implantación de esta institución, cuyo coste ascenderá a unos 1.500 millones de pesetas anuales, supone introducir los principios de claridad y transparencia en los procesos de corrupción en los que estén implicados funcionarios públicos y jueces, de modo que sean unos "convecinos los que juzguen a esos otros ciudadanos".

Además de éstos, también serán competencia del jurad desde su puesta en marcha los delitos contra la vida, es decir, homicidio, asesinato y parricidio en grado de consumación. Sin embargo, los de calumnia e injurias no serán vistos por esta institución hasta dos años después de su implantación, una vez que sea aprobado el nuevo Código Penal, tras lo cual también juzgarán otro tipo de delitos.

Belloch, que calificó la aprobación del proyecto de ley como "un verdadero momento histórico para la justicia española", destacó que la implantación de esta figur introducirá además mayor agilidad a la administración de justicia, ya que el único material probatorio en el que se basará el jurado será el que se practique durante el juicio, con lo que no tendrá sentido que se prolonguen las fases de instrucción.

SUGERENCIAS DEL CGPJ

El proyecto aprobado hoy por el Consejo de Ministros recoge, según Belloch, "la mayoría de las observaciones que eran de contenido esencial" emitidas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en un reciente dictamen, que caliicó de "muy bueno".

Citó como ejemplo la sugerencia del CGPJ para que los miembros del jurado no sean del mismo partido judicial que el procesado, para evitar prejuicios, con lo que los integrantes de esa institución serán de la provincia.

Sin embargo, el proyecto no incluye expresamente la recomendación del CGPJ para que los miembros del jurado estén aislados de la prensa, ya que, según dijo el ministro, estarán aislados de toda influencia mientras preparen el veredicto, aunque no descartó que ee aspecto pueda ser desarrollado posteriormente mediante un reglamento.

El jurado, cuyo modelo es el puro, será presidido por un magistrado y estará integrado por 7 ciudadanos jurados y 2 suplentes, que tendrán el derecho a formar parte de esta institución, aunque también la obligación, pudiendo ser multados o tener responsabilidades penales en el caso de que persistan en su actitud obstructora.

Aunque este aspecto será desarrollado reglamentariamente, sus integrantes percibirán como asignación aroximadamente el doble del salario interprofesional diario, con lo que "la gente perderá algo de dinero, pero no mucho", dijo el ministro.

Finalmente, Belloch se mostró confiado en que el proyecto de Ley del Jurado reciba, durante su tramitación en las Cortes, el apoyo de todos los grupos parlamentarios, de acuerdo con los contactos previos que ha mantenido con sus representantes. No obstante, matizó que desconoce la postura que adoptará el PP.