Villarejo solicita que la causa prosiga su trámite en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León hasta que se pueda avanzar con mayor claridad en la imputación contra José Manuel Peñalosa Ruiz y el senador popular Dionisio García Carnero.

En declaraciones a Servimedia, el parlamentario popular subrayó que n le sorprende la decisión de Villarejo, puesto que "hace unos meses, y después de año y medio de investigación de las fiscalías de Zamora, del Estado y de la fiscalía anticorrupción, se llegó a la conclusión que las acusaciones de corrupción eran infundadas".

Peñalosa acusó al PSOE de intentar dilatar el caso en la prensa con la presentación de una nueva querella contra el PP por este mismo asunto en la que incluye a dos aforados. "Por eso, una vez más, se llega a la conclusión de que no hay indicios e responsabilidad en ninguno de los aforados", indicó.

"Después de año y medio de calvario es satisfactorio escuchar que no hay pruebas que demuestren las acusaciones infundadas sobre enriquecimiento ilícito, financiación ilegal y otras cosas que nos imputaron gratuitamente", afirmó el diputado del PP.

Peñalosa recalcó que el llamado "caso Zamora" queda ahora reducido a unas supuestas irregularidades administrativas que en modo alguno afectan a algún parlamentario nacional.

El Alto Tribunal ecidió la semana pasada iniciar los trámites para estudiar el "caso Zamora" y nombró al juez Luis Ramón Puerta ponente de la causa, en la que se investiga la comisión de supuestos delitos de prevaricación en la adjudicación de obras en la Diputación de Zamora.

Entre los imputados están los ex presidentes de la diputación de Zamora Luis Cid Fontán y Antolín Martín, y el ex vicepresidente y portavoz de la misma diputación, Aurelio Tomás Fernández.

Este procedimiento surgió tras la denuncia de Antoln Martín referida al pago de comisiones ilegales por adjudicación de obras desde la Diputación, a la que se añadió otra denuncia posterior del constructor Eduardo Corrales. Más tarde, la cuestión derivó hacia una supuesta financiación ilegal del Partido Popular.