No obstante, el Alto Tribunal an no ha recibido la comunicación oficial del Congreso y del Senado sobre la renuncia de Peñalosa y García Carnero a sus actas de parlamentarios.

Para el próximo 28 de abril estaban citados para declarar el constructor Heleodoro Tabara, imputado en el caso, y otros dos testigos más. Para el día siguiente, estaba prevista la comparecencia de tres testigos más, entre los que se encontraba Juan Vicente Herrera, ex portavoz del PP en las Cortes de Castilla y León.

Ahora, el fiscal tendrá que informar obre si el "caso Zamora" debe continuar instruyéndose en el Tribunal Supremo, tras la decisión de Peñalosa y de García Carnero de renunciar a sus escaños.

Sin embargo, será la sala constituida por los magistrados Luis Román Puerta, Cándido Conde-Pumpido y Roberto García Calvo, la que tenga la última palabra sobre el destino que tomará el "caso Zamora", tras recibir el informe fiscal, según las mismas fuentes.

IMPUTACION DE ORTIZ

Por otra parte, el fiscal deberá informar también sobre si procedeimputar al diputado del PP Luis Ortiz, como solicitó la acción popular del "caso Zamora", ejercida por ocho diputados del PSOE en Zamora, tras las acusaciones lanzadas contra el parlamentario por el constructor Antonio Sangregorio.

Este constructor rectificó en el Supremo la declaración que había prestado en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, donde negó que había pagado dinero al actual presidente del Gobierno, José María Aznar.

Cuando el caso llegó al Alto Tribunal, aseguró ant el juez que, en la primavera de 1998, Luis Ortiz y José Manuel Peñalosa, le coaccionaron para que negase dicho pago, a cambio de saldar unas deudas que tenía pendientes.

La imputación de Ortiz podría hacer que el "caso Zamora" continuara instruyéndose en el Tribunal Supremo, pero también dar lugar a una pieza separada sobre las supuestas coacciones del parlamentario al constructor.

El "caso Zamora" surgió en 1997, tras la denuncia del presidente de la Diputación de Zamora y ex miembro del PP Antlín Martín sobre el pago de comisiones ilegales por adjudicación de obras desde la Diputación, a la que se añadió otra denuncia psterior del constructor Eduardo Corrarles. Más tarde, la cuestión derivó hacia una supuesta financiación ilegal del PP.