El fiscal jefe anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, ha presentado un escrito de 100 folios en los que pide que declaren en concepto de imputados 30 personas y que comparezcan otras tantas en condición de testigos.

Entre los imputados estan los ex presidentes de la diputación de Zamora Luis Cid Fontán y Antolín Martín, y el ex icepresidente y portavoz de la misma diputación, Aurelio Tomás Fernández.

Este procedimiento surgió tras la denuncia de Antolín Martín referida al pago de comisiones ilegales por adjudicación de obras desde la Diputación, a la que se añadió otra denuncia posterior del constructor Eduardo Corrales. Más tarde, la cuestión derivó hacia una supuesta financiación ilegal del Partido Popular.

La denuncia de la Fiscalía asegura que su investigación se ha dirigido en dos líneas: determinar si la adjudicacón de obras desde la diputación zamorana se realizaba correctamente y saber si existió la supuesta financiación ilegal del PP.

En cuanto a esa financiación, el escrito señala que "no se desprende de tales comprobaciones que se hayan efectuado, en contraprestación por las adjudicaciones, pagos al PP o a alguna otra personas, ello sin perjuicio de que estas sospechas puedan resultar acreditadas con el testimonio de algunas de las personas cuya declaración se solicita".

PREVARICACION

El fiscal antcorrupción considera que los hechos que acaecieron en la Diputación de Zamora, con la adjudicación de obras a empresas que "en ningún caso eran la ofera más económica", podrían constituir un delito continuado de prevaricación.

La denuncia enumera hasta 52 expedientes de adjudicación de obras públicas presuntamente prevaricadores y subraya que, bajo la presidencia de Luis Fontán, en la Diputación de Zamora "se consolidó un modo de efectuar las adjudicaciones que no sólo no se ajustaba a la legislación igente sino que (...) limitaba deliberadamente la concurrencia de las empresas que pudieran estar interesadas", en realizar obras de la citada diputación.

Según la fiscalía, las obras se comenzaban a realizar "directamente por el contructor arbitrariamente elegido, cubriéndose posteriormente tan irregular procedimiento mediante la confección del expediente que, en un inicio, se había omitido".

Finalmente, Carlos Jiménez Villarejo decide requerir a la diputación de Zamora para que entregue una lisa con los secretarios, interventores, jefes de contabilidad y hasta celadores que han pasado por el organismo local desde 1987 hasta hoy.