Cardenal mantiene bloqueada una querella de 106 folios que la Fiscalía Anticorrupción tiene redactadas desde el 29 de abril, sobre el "caso Zamora", relativo a supuestas comisiones legales cobradas a constructores para finanaciar el PP.

"El asunto no debe estar paralizado y la Fiscalía General del Estado debe tomar una decisión", dijo Colmenero a Servimedia. A su juicio, ya ha pasado "tiempo suficiente como para formarse un criterio al respecto".

Por su parte, el portavoz de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Carlos Castresana, instó al fiscal general del Estado a remitir toda la actuación de la Fiscalía Anticorrupción al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Leó, puesto que, una vez presentada la querella por parte de los socialistas de la Diputación de Zamora, "no tiene justificación esa dilación".

"No creo que sea necesario esperar tanto tiempo". dijo Castresana a Servimedia. "Si la Fiscalía Anticorrupción tiene una propuesta hecha ya, eso se podría discutir mientras no hubiera un procedimiento, pero una vez que hay un procedimiento con una parte que se ha querellado ante el Tribunal Superior de Castilla y León, la Ley de Enjuiciamiento Criminal exige que e remita todo lo actuado al tribunal correspondiente".

El artículo 785 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que "cesará el fiscal en sus diligencias tan pronto como tenga conocimiento de la existencia de un procedimiento judicial sobre esos mismos hechos".

En este sentido, el portavoz de la UPF apuntó que "no hay mucho que discutir, lo que hay que hacer es mandarlo todo a Burgos -donde está ubicado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León- y ya dirá el magistrado que corrsponda lo que procede hacer".