Mientras algunos alcaldes expresaron su satisfacción por que el Ejecutivo haya terminado "cediendo a la razón", otros consideran que los 19.000 millones son una "propina" y una "cantidad insuficiente".

El alcalde de Antella, Vicente Frigols, expresó sus dudas de que con ese crédito haya suficiente para cubrir los gastos ocasionados or los préstamos bancarios que fueron pedidos, cuyos intereses se han elevado significativamente desde entonces. "Si no es bastante, el crédito sería una chapuza que no la íbamos a aceptar".

Para el alcalde de Beneixida, Narciso García, "se ha hecho justicia" con el acuerdo adoptado por el Consejo. El primer edil de Alzira, Pedro García, confió en que el crédito extraordinario suponga "una inyección económica" para la comarca de La Ribera.

Según el presidente de la asociación de damnificados Afiv-Apemeda, Xavier Sierra, "ha prevalecido finalmente la razón, aunque lamento que estas ayudas lleguen algo tarde y tengan que ser consideradas como una propina".

Sierra lamentó que el Consejo de Ministros "no haya tenido en cuenta la depreciación de la peseta durante estos últimos diez años, y tampoco los gastos que han tenido que afrontar los afiliados a las asociaciones de afectados".

Jesús Sancho Tello, abogado defensor de su hermano Juan Sancho Tello, uno de los ingenieros inculpados durante a vista, manifestó que la reanudación del juicio "se afrontará a partir de ahora con mayor alegría, porque todos habrán cobrado, aunque se trate de pequeñas cantidades". Consideró inútil seguir con un proceso judicial "si se tiene ya lo que se pretendía".

Los asesores jurídicos de la asociación Afiva-Apemeda presentarán mañana, sábado, una demanda de amparo ante el Tribunal Constitucional para pedir que se deje sin efecto el auto del Tribunal Supremo que invalidó el proceso seguido hasta ahora.

L demanda se basa "en la vulneración de los derechos de los damnificados", "en la falta de tutela efectiva de jueces y tribunales" que recoge el artículo 24.1 de la Constitución y en "la vulneración del principio constitucional del derecho a un juicio sin dilaciones indebidas", que establece el artículo 24.2 de la Carta Magna.