El acusador público solicita, asimismo, un año de prisión para Antoni Cuart, el empresario adjudicatario de la obra, y diez años de inhabilitación para Jeroni Saiz, consejero de Obras Públicas cuando se adjudicó la obra del túnel, por presunta prevaricación.

En el escrito del fiscal Carrau, que todavía no ha sido notificado a las partes, se pide un año de cárcel por presunto sobornonueve años de inhabilitación por presunta prevaricación para Gabriel Cañellas por considerar que adoptó una resolución injusta beneficiando los intereses privados de un empresario cuando adjudicó el túnel de Sóller, según las fuentes consultadas.

Sobre el empresario Antoni Cuart, el escrito asegura que sobornó a los responsables del Gobierno balear para conseguir la obra de forma injusta. Las acusaciones del ministerio público no incluyen a los consejeros de la Función Pública y Medio Ambiente autonóicos, José Antonio Berastain y Bartomeu Reus, a los que la acusación particular imputa también haber participado en el supuesto cobro de comisiones.

Cuando el escrito del fiscal sea notificado a las partes, defensa y acusación particular tendrán un plazo de 21 días para pronunciarse.

La investigación del "caso túnel de Sóller" se inició en verano de 1994 al encontrarse una factura falsa de la concesionaria. La policía localizó en cuentas del PP balear al menos 50 millones de pesetas procedentes d la concesionaria. Las supuestas comisiones se pagaron en los meses posteriores a la adjudicación del proyecto (18 de noviembre de 1988).

Los portavoces de la oposición política regional exigieron hoy la dimisión de Cañellas como diputado autonómico tras conocer el escrito acusador de la Fiscalía.