El procesamiento de Gabriel Cañellas por la concesión injusta de la obra del túnel de Sóller a un empresario amigo y antiguo socio con una oferta calificada pésimamente por una comisión de expertos y con cobro de comisiones ilegales por al Partido Popular es una decisión judicial muy importante para las islas Baleares, ya que al fin ataca a la raíz de la red de corrupción de la imbricación de intereses políticos y económicos tejida durante doce años por el presidente de Baleares", declaró Triay a la Ser. A su juicio, la dimisión de Cañellas como presidente del Grupo Parlamentario Popular es una "minidimisión", ya que se mantiene en la Ejecutiva del PP y como diputado en el Parlamento balear.

Triay opina que al no exigir a Cañellas que dimita de todos sus cargos públicos, el PP demuestra "la falta de voluntad de acometer una nueva etapa política de regeneración democrática y de ruptura con los abusos y delitos de la etapa anterior".