Jaime Bueno, representante legal de IU, explicó hoy en rueda de prensa que justifican esta petición "en la sospecha clara y nítida de que distintas facturas abonadas en el momento fundacional de la Fundació procedían del túnel de Sóller".

El juez instructor del caso túnel de Sóller, Juan López Gayá, investiga el destino de un talón de 50 millones de pesetas librado a cuenta de la compañía concesionaria del túnel de Sóller el 30 de enero de 1989, dos meses después de la adjudicaión del proyecto a la empresa constructora de Antonio Quart.

Según los informes policiales en poder del juez, el dinero fue desglosado en talones de cinco millones de pesetas a los que el magistrado sigue la pista. La mayor parte del dinero fue localizado en cuentas del Partido Popular de Baleares o personas relacionadas con la formación conservadora.

Jaime Bueno aseguró que "en el momento fundacional de la Fundació Illes Balears (1989) se abonaron distintas facturas, curiosamente y significativaente, de cinco millones de pesetas para gastos diversos". Según la acusación particular, José María Lafuente y Pedro Riche podrían justificar documentalmente los ingresos.

La Fundació Illes Balears tiene como objeto social la recuperación del patrimonio del archipiélago. Se financia por aportaciones nominales y anónimas. Actualmente, tiene un capital social de mil millones de pesetas.