Pedro Aguiló, actualmente jefe de servicios jurídicos de la comunidad autónoma, y Miguel Angel Lluger, jefe del gabinete técnico de la Consejería de Obras Públicas, declararon ante el juez del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares Juan López Gayá, que instruye la causa por presunta prevaricación y cobro de comisiones ilegales, que presuntamente fueron a parar al PP balear, en la adjudicación del Túnel de Sóller.

Antes de su comparecencia ante el juez como testigo, Miguel Angel Lleuger dijo a los periodistas que "me sorprendió la decisión final del Gobierno balear, porque estaba clar que no coincidía con la valoración no vinculante de la comisión evaluadora". Añadió que "en cualquier caso los criterios políticos pueden estar por encima de los tomados en la comisión".

Por su parte, Pedro Aguiló afirmó también ante los periodistas que "me causó una cierta extrañeza la adjudicación, pero tampoco dejé de pensar que había otros criterios, además de los técnicos".

Aguiló afirmó que "existía la presión de varios ayuntamientos que hacían valoraciones políticas porque querían ventaja para sus ciudadanos", como es el caso del peaje rebajado que ofrecía el concesionario final presidido por Antoni Cuart.

La comisión emitió su dictamen en 1988, y el Túnel de Sóller fue adjudicado en 1989. Al concurso se presentaron cuatro ofertas: Túneles de Mallorca, SA, Juan Caldés Lizana, Entrecanales y Tavora, SA y Antonio Cuart Ripoll.

La comisión decidió seleccionar como oferta más ventajosa la presentada por Juan Valdés Lizana, con una puntuación de 72,56 puntos, seguida de Túneles de Malorca, con 65,65 puntos. La tercera propuesta en puntuación fue la de Cuart, con 50,75 puntos.

Los informes policiales muestran que 50 millones de pesetas procedentes en la compañía concesionaria acabaron en las cuentas del Partido Popular de Baleares.

El escándalo Túnel de Sóller provocó la dimisión del entonces presidente del Gobierno balear, Gabriel Cañellas.

El juez continuará tomando declaración a testigos durante las próximas semanas. El próximo martes declaran otros dos miembros de la omisión evaluadora, Catalina Enseñat e Ignacio Erice. El día 7 de marzo está citado Francisco Lozano Vicente, ex ministro de la Vivienda de UCD, y vicepresidente de la que fue la compañía concesionaria del Túnel de Sóller.