Así lo explicó hoy en rueda de prensa el propio Argos, quien insistió en que tanto la adjudicación de las obras como la concesión administrativa para su construcción, conservación y explotación como carretera de peaje se hizo con arreglo a la legalidad.

Argos quiso dejar claro que el trabajo que ha efectuado se ha centrado exclusivamente en determinar si en la adjudicación de túnel hubo alguna irregularidadadministrativa y subrayó que en ningún momento se ha ocupado de investigar si existió financiación irregular en el PP de Baleares.

En este sentido, aclaró que las posibles responsabilidades penales por este caso corresponden dilucidarlas al Juzgado de Instrucción número 1 de Palama de Mallorca, al tiempo que señaló que hasta la fecha en dichas actuaciones no figura imputada ninguna persona perteneciente al PP o al Gobierno de Baleares.

Asimismo, el abogado y dirigente del PP explicó que la Comisin de Conflictos no está capacitada para exigir supuestas responsabilidades políticas a Gabriel Cañellas o a los miembros de su Gabinete, sino que ésta es una competencia que afecta a los órganos de dirección del partido.

El trabajo de investigación de Argos pone de relieve que los ingresos obtenidos por el PP de las islas en 1989 pudieron ser donaciones hechas al amparo de la entonces legislación vigente en materia electoral.

El informe, que ha sido presentado por Argos al líder del PP, José Marí Aznar, y a la dirección del partido, consta de un total de 46 folios, en los que se refleja como idea central que las obras del túnel de Sóller fueron adjudicadas correctamente, sin que en el proceso existieran indicios de prevaricación.

CONCLUSIONES

A continuación, reproducimos las principales conclusiones a las que ha llegado el secretario del Comité de Conflictos y Disciplina del PP:

- La adjudicación de las obras del túnel de Sóller se hizo con arreglo a derecho, es decir, con respeto de l legalidad administrativa aplicable.

- Las prórrogas y sucesivos plazos concedidos por la Consejería de Obras Públicas del Gobierno balear fueron precedidas de los pertinentes informes técnicos y jurídicos, que pueden ser discutibles en el ámbito administrativo, pero que no implican ningún ilícito penal.

- Resulta de indudable interés, a efectos de establecer conclusiones, los informes favorables de los ayuntamientos de Fornalutx y Sóller a favor de la adjudicación de la obra a la oferta de Antono Cuart Ripoll.

- Se carece de elementos de juicio suficientes para analizar las actuaciones penales que se siguen el el Juzgado de Instrucción número 1 de Palma de Mallorca, por carecer de información suficiente sobre aquellas, si bien es cierto que hasta el momento en dichas actuaciones penales no figura imputada ninguna persona perteneciente al PP ni al Gobierno balear.

- Puede decirse que los posibles ingresos que tuviera el PP en Baleares durante 1989 pudieran ser donaciones hechas al amparode la entonces legislación vigente en materia electoral, pero difícilmente puede concretarse qué persona o personas efectuaron dichos ingresos, ya que al parecer los mismos tenían el carácter de anónimos.

- En cuanto a la causa penal 2/95 que se sigue ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares por un supuesto delito de prevaricación del Gobierno balear por la adjudicación de las obras del túnel de Sóller y sus posteriores prórrogas, habrá que estarse al resultado de las diligencias acordadas po el magistrado encargado del caso.

- Las consecuencias que en el orden jurídico penal pudieran derivarse del contenido de la conclusión anterior son imprevisibles, si bien hemos de insistir que, en cuanto al supuesto delito de prevaricación continuada a nuestro juicio no se dan los requisitos del mismo.