Gabriel Cañellas, imputado en este cas por el presunto cobro de comisiones ilegales por parte del PP en la adjudicación de la citada obra, comentó hoy a los medios de comunicación que el valor total de sus bienes patrimoniales no era suficiente para cubrir la fianza.

Por este motivo, el ex presidente recurrió a terceras personas, cuyos nombres no quiso desvelar, para solicitar a Banesto un aval bancario. Finalmente, esta entidad accedió a avalar con 134 millones de pesetas a Gabriel Cañellas ante el Tribunal Superior de Justicia de Balears.

El magistrado Juan López Gayá acordó el pasado 18 de marzo la apertura de juicio oral contra Gabriel Cañellas por los presuntos delitos de prevaricación continuada y cohecho en la adjudicación de las obras del túnel de Sóller.

El juez decretó libertad provisional para el ex presidente y solicitó una fianza de 134 millones de pesetas para hacer frente a las posibles responsabilidades civiles que pudieran derivarse.

El juez ordenó también la apertura de juicio oral contra el ex consejero dela Función Pública del Gobierno balear José Antonio Berastáin, el ex consejero de Obras Públicas Jeroni Saiz y el empresario Antoni Quart por su posible implicación en los hechos.

Según la acusación particular representada por Izquierda Unida, el Ejecutivo que presidía en 1989 Gabriel Cañellas adjudicó las obras del túnel de Sóller a una empresa de Antonio Cuart, aun no siendo la mejor oferta y recibió a cambio comisiones ilegales.