Según informaron hoy fuentes del Alto Tribunal, la vista, cuya fecha de celebración aún no ha sido notificada a las partes, se prolongará durante 17 sesiones, en cada una de las cules comparecerán 16 testigos, hasta un total de 195.

Además de Ruiz-Mateos, también están procesados otros cuatro ex directivos de Rumasa, para quienes el fiscal pide penas que oscilan entre los 5 y los 20 años de cárcel y multas que ascienden a 16.000 millones de pesetas por delitos de falsedad en documento mercantil y oficial, así como apropiación indebida.

Según las conclusiones provisionales, elaboradas por el fiscal en 1988 y que siguen vigentes, Ruiz-Mateos, en colaboración directa con el tmbién procesado José Díaz Hidalgo, su secretario personal, comenzó en 1978 a impartir "las órdenes necesarias para la alteración mendaz de las partidas de activo" de cada uno de los bancos del holding, con el fin de encubrir los déficits reales que hubieran "mermado su capacidad de captación de depósitos".

Para dar mayor apariencia operativa a esos activos, continúa el fiscal, en 1982 Ruiz-Mateos fue comunicando a Luis Romero Agarrado, que también está procesado y entonces era el director general de l división bancaria, los nombres de las sociedades que debían utilizarse "para aperturar las cuentas en las que se asentarían las operaciones correspondientes a los créditos imaginarios concedidos", un total de 17.

Todas estas cuentas supusieron la creación de créditos ficticios por valor total de 1.766.600.000, indica el fiscal, que agrega que tras la expropiación de Rumasa, el 23 de febrero de 1983, los procesados dispusieron la sustitución de los titulares de esas cuentas por otros correspondientessociedades del grupo, para "ocultar a los nuevos administradores las relatadas manipulaciones contables". Según el fiscal, las pérdidas reales de los bancos superaron los 4.000 millones de pesetas.

El representante del Ministerio Público también acusa a Ruiz-Mateos, a Díaz Hidalgo y a Manuel Sánchez Marín, entonces director general del departamento de contabilidad de Rumasa, de incrementar los activos reales del grupo, mediante la revalorización de sus participaciones y el incremento de las plusvalía por meros apuntes contables, "sin que esta mendaz actividad se sustentara documentalmente en ningún incremento real del patrimonio". Estos incrementos ficticios de los activos ascendieron a un total de 345.751.000.000 de pesetas.

OPERACIONES FICTICIAS

El fiscal indica que de todas estas operaciones ficticias tienen "especial transcendencia las falsas facturaciones de obras que, auspiciadas por Ruiz-Mateos", se iniciaron para 11 bancos del grupo y que ascendieron a más de 880 millones de pesetas.

El fiscal precisa que, dada la falta de liquidez que arrastraba el grupo Rumasa y que hacía difícil el cumplimiento de las obligaciones tributarias, Ruiz-Mateos ordenó además la manipulación de la forma de efectuar la liquidación de esas cargas fiscales, consignando como retenidas por el IRPF cantidades menores de las reales. De este modo, Rumasa ingresó por este método casi 11.900 millones de pesetas hasta finales de 1982.

"Otro procedimiento para eludir cargas fiscales", continúa el Ministerio Púbico, era realizar liquidaciones con errores sustantivos "intencionados" en los mandos, que en total ascendieron a 30 millones de pesetas.

Según el fiscal, cuando se produjo la expropiación, la deuda tributaria estimada a la Seguridad Social alcanzaba los 10.874 millones de pesetas, y señala que además, los supuestos pagos de deudas tributarias fueron realizados falsificando firmas y sellos de entidades bancarias.

Finalmente, el fiscal también se refiere a la denominada Rumasa Exterior, a través d la cual Ruiz-Mateos no reintegró al mercado nacional divisas por valor de más de 4.000 millones de pesetas, al tiempo que en España Rumasa cobraba las primas y beneficios fiscales con cargo a la exportación.

"Todos los hechos descritos", agrega el fiscal, "vinieron a colocar al grupo Rumasa en un estado de insolvencia encubierta provocada por las referidas actividades ilegales de Ruiz-Mateos y los restantes procesados".

Por ello, pide para José Díez Hidalgo un total de 20 años de cárcel por dos elitos continuados de falsedad en documento mercantil, otro de falsedad en documento oficial, así como un delito de apropiación indebida, y una multa por importe total de 16.000 millones de pesetas.

Para Luis Romero Agarrado y Manuel Sánchez Marín pide otros 5 años de cárcel por falsedad en documento mercantil, mientras que para Carlos Quintas Alvarez, responsable de la Rumasa Exterior, pide multas por valor de 16.000 millones de pesetas.

El juicio contra Ruiz-Mateos, previsto en el Tribunal Suprmo, podría trasladarse a la Audiencia Nacional en caso de que el empresario jerezano no salga reelegido eurodiputado en las próximas elecciones europeas en junio de este año.