Hernández aseguró, en declaraciones a Radio Nacional, que las pruebas obtenidas hasta ahora son "pruebas fehacientes que se están complementando e intentando definir hasta sus últimas consecuencias".

En opinióndel fiscal general, los casos de corrupción no son el reflejo de una corrupción generalizada y "pensar que en España hay más casos de corrupción que en otros países de nuestro entorno no es un reflejo de la realidad".

A su entender, lo importante es que la cuidadanía sepa que los casos de corrupción pueden aflorar en la democracia, pero también que pueden ser esclarecidos por la autoridad judicial y que deben ser castigados con las sanciones previstas en el ordenamiento jurídico.

Hernández asegur que "todos los casos de corrupción que se han denunciado están, sin excepción, en manos de un juez independiente y de un fiscal imparcial. Ningún caso que haya sido denunciado está fuera del procedimiento penal".

Destacó que en todos los casos se está actuando con "la máxima celeridad", aunque reconoció que los casos más notorios en los que la investigación ha partido de cero los avances van despacio, "ya que no había ninguna prueba en la que sustentar una investigación medianamente sólida".

BANEST Y KIO

Así, dijo del 'caso Banesto' que "es enormemente difícil desentrañar una serie de operaciones financieras muy complejas y en las que se parte de hechos que no se pueden concretar delictivamente 'ab initio'". "Se parte también de cero en el tema KIO, con ninguna prueba concreta, y lo mismo cabe decir del 'caso Elosúa', donde la actividad probatoria es sumamente compleja", precisó.

Asimismo, indicó que "es muy difícil que la Justicia vaya por delante de los medios de comunicación y creo que ncluso es normal que, a veces, vaya por detrás", aunque matizó que "la inmensa mayoría de los fiscales son puestos en conocimiento de hechos aparentemente delictiivos por investigaciones de jueces y policía judicial".

'CASO FILESA'

Sobre el 'caso Filesa', Eligio Hernández dijo a RNE que "una cosa es la financiación irregular de un partido político, que en sí no es un delito tipificado en el Código Penal, y otra los posibles hechos delictivos cometidos con ocasión de esa financiación irregular, que e el objetivo de la investigación en Filesa".

El fiscal general indicó en este sentido que, a pesar de "los miles de documentos aportados y las miles de diligencias practicadas", las dificultades de prueba que han encontrado "son tan enormes" que, después de estar "dos años y medio investigando, todavía no ha habido resoluciones judiciales que inculpen o aboquen a la apertura del juicio oral".

"Creo que pretender resolver los problemas de financiación irregular de los partidos políticos en la vía udicial es un error. La vía judicial sólo persigue conductas tipificadas en el Código Penal como delitos o faltas. Los males que produce la financiación de los partidos políticos deben resolverse en instancias políticas", concluyó.