La magistrada Pilar Llorente reabrió con esta comparecencia, y la declaración ayer del asesor fiscal de Pedro Llach, las investigaciones sobre el presunto cobro ilegal de comisiones por la adjuciación de obras públicas en Andalucía.

Después de 3 meses de paralización, la jueza vuelve de nuevo a instruir diligencias con nuevas tomas de decaraciones a testigos y a inculpados.

El caso en esto momentos está dividido en 6 sumarios diferentes, en los que están presuntamente inculpadas hasta 13 personas por distintos delitos de cohecho, falsedad en documento y tráfico de influencias.

Entre los implicados se encuentran el ex director general de Carreteras de la Junta de Andalucía Manuel Ollero y su hermano Jorge Ollero, que entregó presuntamente una comisión a la constructora Ocisa por la adjudicación de una obra.

Jorge Ollero fue dtenido por la policía en julio de 1992 cuando portaba un maletín que contenía 22 millones de pesetas, procedentes al parecer del cobro ilegal de comisiones.

Otro de los imputados en el sumario es el presidente de Ocisa, Jesús Roa, acusado de pagar presuntamente una comisión para la concesión de la carretera Salinas-Las Pedrizas, en la provincia de Málaga.