Ollero evitó pronunciarse sobre la petición del Ministerio Público y se limitó a señalar que "desde el momento en que el 'caso GAL' entró en el ámbito judicial, cualquier valoración política no es procedente".

En su opinión, "hay que dejar que los protagonistas del proceso desempeñen cada uno su función y evitar toda valoración política".

"Conviene no olvidar que ahora lo que se está intentando diucidar son unas responsabilidades penales que tienen un marco de referencia totalmente distinto del político, en la medida en que exigen una prueba convincente de los hechos y obligan al respeto de las garantías procesales muy distintas siempre de lo que es el marco de la exigencia de responsabilidades políticas", añadió.

Preguntado por el hecho de que un ex ministro del Interior pueda ir a la cárcel, Ollero mostró el convencimiento de todos los ciudadanos de que la ley "es la misma para todos y que e hecho de desempeñar determinados cargos de especial responsabilidad, lejos de crear ningún ámbito de inmunidad o impunidad, lo que hace es recalcar aún más la responsabilidad de esos ciudadanos".

"Lo único que cabe esperar es que el juez diga la última palabra, porque, al fin y al cabo, el fiscal es uno de los actores de este proceso", explicó.

Preguntado si la petición del fiscal viene a desmentir un rumoreado pacto entre PP y PSOE para tapar el "caso GAL", Ollero replicó que eso no hace falta esmentirlo porque "eran simplemente descabellados".

"Es impensable en un sistema democrático que un Gobierno pueda pactar con nadie el incumplimiento de la ley. Por tanto, cuando hubo esos rumores, desde el PP siempre se han considerado rocambolescos", concluyó.