En su escrito de conclusiones, el fiscal acusa a Barrionuevo y Vera de los delitos de pertenencia a banda armada (8 años de prisión), detención ilegal (10 años) y malversación de fondos públicos (5 años), lo que les sitúa como máximos responsables del "caso Marey".

Además, y por los mismos delitos, pide 22 años de prisión para el ex gobernador civil de Vizcaya Julián Sancristóbal, 21 años para el ex comisario jefe de la Brigada de Información de BilbaoMiguel Planchuelo y otros 21 para el ex jefe superior de la policia bilbaína Francisco Alvarez.

Asimismo, Luzón solicita 16 años de cárcel para el ex secretario de los socialistas vizcaínos Ricardo García Damborenea, a quien también acusa de los delitos de pertenencia a banda armada, malversación de fondos y detención ilegal.

Los mismos delitos son imputados a José Amedo, ex subcomisario de Policía de Bilbao, para quien solicita una pena de 12 años de prisión.

Finalmente, pide 8 años de prisón para el resto de los implicados en el secuestro de Segundo Marey: los policías Michel Domínguez, Julio Hierro, Francisco Saiz Oceja, Juan Ramón Corujo y Luis Hens, a quienes únicamente imputa el delito de detención ilegal.

En total, el fiscal solicita en su escrito de conclusiones 178 años de prisión para los 12 responsables del secuestro de Segundo Marey, en el que además de los inculpados ya citados tomaron parte los ciudadanos franceses Talbi y Echalier, ya juzgados por las autoridades galas.

Por otro lado, Luzón dice en sus conclusiones que Barrionuevo, Vera, Alvarez y Planchuelo tienen un agravante especial, ya que se valieron de su carácter público.

RELATO DEL FISCAL

El fiscal hace un recorrido por la organización de los GAL como grupo armado y narra en las diligencias cómo Barrionuevo y Vera iniciaron actividades con "la necesidad de dar una respuesta a ETA", en cuya idea coincidía también el dirigente del PSOE Ricardo García Damborenea.

Con un millón de francos franceses, ente 20 y 25 millones de pesetas, se propusieron realizar un secuestro en el sur de Francia para contestar así al secuestro por parte de ETA del capitán de Farmacia Alberto Martín Barrios. Eligieron entonces a Larraetxea Goñi, participando en la operación los altos responsables de la policía vasca: Sancristóbal, Alvarez y Amedo.

Los detalles del secuestro fueron organizados por Miguel Planchuelo, quien, junto con los otros cinco policías y los dos mercenarios franceses, se encargaron del secuestro y confndieron el objetivo atrapando a Segundo Marey, que fue liberado 10 días después.

Cuando Marey fue puesto en libertad llevaba en el bolsillo de su chaqueta un comunicado de los GAL en el que el grupo terrorista aseguraba que cuando ETA secuestrara él haría lo propio y que cuando ETA matara, también tendría su respuesta.

El fiscal pide en su escrito de conclusiones una indemnización de 36 millones de pesetas para Segundo Marey y además solicita a los autores del delito de malversación (Barrionuevo,Vera, Sancristóbal, Alvarez, Planchuelo y Amedo) una indemnización al Estado de un millón de francos franceses, supuestamente el equivalente a la cantidad de los fondos reservados utilizados para el secuestro. Igualmente, cita como responsable subsidiario al Estado para el caso de la indemnización a Marey

Luzón pide que en el juicio oral participen 6 testigos, entre los que están el propio Segundo Marey, así como el ex responsable del CESID coronel Juan Alberto Perote y el ex director de la Guardía Ciil Luis Roldán. Finalmente, el fiscal se interesa para que se mantenga la actual situación procesal de los acusados. Todos ellos están en libertad, algunos bajo fianza.