Según aseguró Casany en un comunicado, la entidad que preside espera "una reconsideración al respecto por el juez, asumiendo de nuevo la competencia de la fase instructora".

El magistrado Pascual Estivill dictó el auto de inhibición del caso el pasado viernes, al considerar que los accionitas afectados por los presuntos delitos cometidos se encuentran en toda España.

Enric Casany expresó también a través del comunicado de la ADA que el "caso Macosa", que podría esconder una presunta estafa de 2.000 millones de pesetas por una operación de compra-venta realizada en Barcelona, será, en su opinión, competencia de la Audiencia Nacional cuando haya finalizado la fase de instrucción en la que ahora se encuentra.

Para el representante de la Asociación de Defensa del Accionista, la inhibiión del juez en la actual fase de instrucción "perjudica gravemente los intereses de los querellantes".

Las diligencias judiciales del caso tienen su origen en la acusación de un grupo de accionistas minoritarios de la empresa Macosa, que recientemente pasó a llamarse Corporación Arco S.A., contra los gestores de la misma por la revalorización supuestamente irregular del activo de la empresa en 1988.

Según el comunicado de la Asociación de Defensa del Accionista, su presidente confía en que la juticia acabará resolviendo el caso, ya que de otro modo querría decir que "el mercado de capitales español es una selva en la que no se puede invertir".

La investigación del caso se centra, en parte, en la presunta venta irregular de Diagonal Mar, un activo de Macosa, a la multinacional Kepro. El juez instructor dictó prisión para el ex presidente de Macosa, Eduardo Santos, y para el ex consejero delegado de la sociedad, Francisco Albiñana.

Este último ingresó el pasado martes en la cárcel Modelo e Barcelona, mientras que Santos, ex subsecretario del Ministerio de Industria en la época en que Carlos Solchaga fue titular del mismo, se encuentra en paradero desconocido desde que el juez decretó prisión.

El representante legal del ex presidente de Macosa presentó recurso contra el auto de prisión de su cliente, alegando que éste ya no estaba en la empresa cuando tuvo lugar la operación de Diagonal Mar a Kepro. En el recurso se culpaba a Pedro Fontana, director general del COOB 92, y a Juan Llopar, director general de Caixabanc, de la formalización de la venta en una segunda fase, cuando eran consejeros de Macosa.

El magistrado Pascual Estivill ha llamado a declarar en ralación al caso el próximo día 15 al ex presidente del Banco Central, Alfonso Escámez, y a otros altos cargos de Macosa durante los últimos años, entre ellos José María García Nieto y Pedro Nueno. El pasado viernes declararon Pedro Fontana y Javier Villalba.

Otras dos líneas de investigación se centran en la condonación de1.500 millones de pesetas en concepto de intereses de un préstamo del Banco Central a Macosa y en la compra por parte de esta sociedad de la empresa Ingesa por 500 millones de pesetas, cuando el capital de la misma era sólo de 10 millones.