Según Alvarez Cascos, miembro de la comisión de investigación del PP que ha estudiado el comportamiento del Gobierno de Felipe González en torno a las inversiones de KIO en España, junto a los diputados Luis Ramallo y Manuel Milian, hay pruebas suficientes para acusar a Solchagay buena parte de su equipo económico de prevaricación, por lo que exige su inmediata dimisión.

La prueba más contundente de la investigación del PP es el informe confidencial remitido en junio de 1988 por el entonces director general de Transacciones Exteriores, Manuel Conthe, hoy director general del Tesoro, al jefe de gabinete de Solchaga, en el que reconoce que el Gobierno no cumplió con la ley de inversiones extranjeras al no dar su autorización preceptiva a las operaciones de KIO en España.

l trabajo del PP consiste en un "dossier" de unos 500 folios, distribuidos en más de 50 documentos, recabados mediante contactos con el Gobierno, el Parlamento y la Fiscalía General del Estado de Kuwait, el ex ministro de Finanzas y responsable de KIO durante el periodo analizado, los registros mercantiles de España, Holanda, Reino Unido, Luxemburgo, Antillas holandesas y Gibraltar y otras fuentes a las que el PP ha asegurado su confidencialidad.

El extenso informe del PP centra primero sus trabajos e la presentación de pruebas que verifiquen que las dos sociedades holandesas empleadas para realizar las inversiones en España, Koolmes y Kookmeeuw, eran al cien por cien de KIO, y que las operaciones de esta agencia de inversiones de Kuwait dependían directamente del Estado del emirato.

EL GOBIERNO LO SABIA

Además, el informe recoge pruebas de que KIO llegó a realizar operaciones de inversión en España durante 1987 directamente, y no a través de sociedades interpuestas, sin pasar por la mesa del Cosejo de Ministros, y sometiéndolas al régimen vigente para el resto de inversores extranjeros privados.

Estas pruebas, según Alvarez Cascos, son un ejemplo incuestionable de que Solchaga "mintió gravemente al Parlamento español" sobre el grado de conocimiento que tenía de KIO y sus inversiones, por lo que debe presentar su dimisión y, en su defecto, pide al presidente del Gobierno, Felipe González, su cese inmediato.

Junto a la dimisión de Solchaga, el PP entiende que también han incurrido en deltos de prevaricación, tomando decisiones aunque sabían que contradecían las leyes, el ex ministro de Defensa y actual vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra, por no controlar inversiones de KIO que afectaban al sector de la defensa nacional; el ministro de Industria, Claudio Aranzadi, y el ex responsable de esta cartera y actual presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Luis Carlos Croissier.

DIMISIONES EN CASCADA

A su vez, el PP solicita la dimisión, por el efecto de "resonsabilidad en cascada", de los sucesivos secretarios de Estado de Comercio, Miguel Angel Fernández Ordóñez, Apolonio Ruiz Ligero y Miguel Angel Feito, y de los directores generales de Transacciones Exteriores, Manuel Conthe, Luis Alcaide, Javier Fernández Méndez y Fernando Eguidazu.

Aparte de estas responsabilidades políticas, Alvarez Cascos señaló que existen pruebas suficientes para solicitar la nulidad de todas las operaciones financieras realizadas por KIO en España, por lo que el partido de JoséMaría Aznar recomienda al Gobierno en sus conclusiones que corrija la situación desde el punto de vista legal, antes de que alguien decida llevarlo a los tribunales complicando aún más la situación.

Respecto a las responsabilidades penales, el dirigente del PP dijo que no acudirá a los tribunales hasta después de las próximas elecciones del 6 de junio, a pesar de existir pruebas suficientes para presentar una querella, y dijo que el motivo de posponer una iniciativa penal es evitar acusaciones de elecoralismo.

No obstante, dijo que el PP se reserva su derecho a presentar una demanda en los tribunales ordinarios, ya que la opción de entregar toda la documentación a la Fiscalía General del Estado para que instruya una investigación no les merece confianza, al tener "fundadas cautelas acerca de la objetividad" de su actual titular, Eligio Hernández.

Alvarez Cascos indicó que en las investigaciones realizadas por su partido no se han encontrado indicios de que las personalidades presuntamente impicadas en el "caso KIO" hayan incurrido en delitos de cohecho, mediante la desviación deliberada de fondos, y añadió que si el presidente del Gobierno no cesa a los afectados en las irregularidades detectadas, incurrirá en un delito de "prevaricación por omisión".