Según declaró a Servimedia el jefe del gabinete jurídico de la APD, Agustín Puente, "si no se acredita esa situación de peligro real y grave, no puede tratarse el dato". Los datos de sospechosos que formen parte de una investigación policial deben cancelarse una vez que termina ésta y que se dicta sentencia. Los investigadores podrán, eso sí, aceder al Registro de Penados y Rebeldes.

Pero si se confeccionara un fichero de sospechosos o de condenados cuyos antecedentes hayan prescrito legalmente y no hubiera "un peligro real y grave", podría llegar a constituirse un fichero de sospechosos "similar al de la Ley de Vagos y Maleantes" que estaba en vigor en el régimen franquista.

A su juicio, ese "peligro real y grave" no parecía deducirse de la comunicación que en su día envió la Interpol a la Policía española sobre Tony Alexander King, e presunto asesino de Sonia Carabantes y Rocío Wanninkhof.

Además, la Ley de Protección de Datos establece la prohibición de esta clase de archivos porque así lo obligan a los estados miembros el Convenio de Schengen y el Convenio de Europol, que dicen que el tratamiento de los datos debe ser proporcional a la existencia efectiva de un peligro real, es decir, que la policía no puede tratar sin más los datos de cualquier persona.