El ministro dijo que "mi opinión es que hay que continuar el recurso" contra el auto de la Audiencia, "naturalment acatando siempre las resoluciones judiciales, pero frente a lo que cabe recurrir, pues hay que recurrir".

"Si se discrepa de esas resoluciones", agregó, hay que "continuar trabajando en que la impunidad de los criminales no siga. Porque, si no, imagínese usted lo que supone eso a partir de ahora: que el narcotráfico y el terrorismo, total impunidad para que de dentro (de las cárceles) dirijan sus operaciones con, naturalmente, con los que todavía no están presos".

Asunción adujo que la Ley Generl Penitenciaria prevé el supuesto de control de las comunicaciones en el caso de bandas armadas o pertenecientes al crimen organizado y que eso está avalado por el Tribunal Constitucional.

Aseguró que el director de la cárcel "puede hacerlo como lo hizo perfectamente" sin incurrir en ninguna ilegalidad y opinó que, si no pidió autorización judicial, quizá fue "tal vez porque no tuvo tiempo suficiente" para recabarlo.

A su juicio, no hubo vulneración de la ley penitenciaria por parte del director e la cárcel de Alcalá Meco al ordenar la grabación de las conversaciones de Gorostiza con varios etarras "y si no fuera así el juez que instruye difícilmente hubiera instruido, difícilmente el fiscal acusaría, difícilmente el juez hubiera abierto diligencias, incluso previas, porque el proceso inicial se ha cumplido, luego hay jueces que lo interpretan de otra forma".

Por todo ello, recalcó que su opinión es que es preciso interponer recurso contra el auto de la Audiencia Nacional, aunque la iniciativ para ello, según aclaró, corresponde al ministerio fiscal.

"Si hay jueces que interpretan de otra forma, si hay otros antecedentes constitucionales, me parece que las resoluciones se acatan, pero si son recurribles se recurren y ahí es donde naturalmente hay que acudir".

Asunción afirmó que "no se puede confundir lo que puede ser las personas que están en libertad, lo que es la vida del día a día, y las personas que están condenadas y que pertenecen a bandas armadas y que puedan tener total impuidad".

"Para ese supuesto", añadió, "ya hace años que el legislador español tuvo en cuenta eso y por eso nuestra legislación orgánica general penitenciaria tiene dos supuestos claros para intervenir las comunicaciones y cuando se intervienen las comunicaciones, en esos supuestos de bandas armadas, no hay por qué pedir autorización judicial; se da cuenta al juez posteriormente y se le envía las transcripciones".

El ministro se mostró convencido de que en este caso no corresponde hacer autocrítica orque "el trabajo se hizo bien", puesto que "el respeto escrupuloso de la ley se ha hecho".

Agregó que "aquí se ha hecho mucha crítica a la forma y algunos han olvidado en hacer alguna también, y no he oído ninguna, a que el abogado se le amonestara simplemente desde algún órgano colegiado, y no he oido ni una".