El juez dictó el pasado 2 de marzo una providencia en la que solicitó al Ministerio del Interior la relación de los números de carné profesional de los funcionarios que integraban la Brigada Provincial de Información de Bilbao en diciembre de 1983, fecha del secuestro, con el fin de determinar la vinculación del ex policía José Amedo con esa brigada, de la ue era subcomisario en aquella época.

Estas diligencias, sin embargo, no fueron bien acogidas por el fiscal del caso, que las consideró inecesarias para el esclarecimiento del secuestro de Marey y señaló en su recurso que el magistrado no había expresado los motivos por los que había ordenado la práctica de esas pruebas ni su interés para el caso.

En un auto hecho público hoy, el juez García Castellón indica que los motivos, el interés y la relevancia de esa prueba "aparecen diáfanos" en el sumaro, "cuando consta documentalmente que un número telefónico y una extensión concreta son encontrados en una nota en poder" de uno de los secuestradores de Marey, "y que practicadas investigaciones por este juzgado, se supo que aquellos números pertenecían precisamente a la Brigada Provincial de Información de Bilbao".

Asimismo, recuerda al fiscal que "el juez de oficio puede acordar cuantas diligencias estime convenientes a los efectos de las comprobaciones".

Por otra parte, el juez García Castelln ha rebajado de un millón de pesetas a 330.000 pesetas la fianza para que la acción popular del "caso GAL", integrada por 104 personas, pueda personarse en este sumario.