El magistrado ya había solicitado esa mima información pero relativa a los miembros de la Guardia Civil que trabajaban en ese puesto, a quienes recientemente tomó declaración, con el fin de determinar si ese paso fue utilizado por los mercenarios del GAL para trasladarse a Francia tras el secuestro de Marey.

Sin embargo, en sus declaraciones, los guardias civiles no aportaron ningún dato nuevo dado el tiempo transcurrido, aunque precisaron que en el puesto también estaban de servicio agentes del CNP, motivo por el que el juez pide su identiad.

Además de esta diligencia, García Castellón también ha pedido al departamento de Interior que le aporte el registro de llamadas telefónicas recibidas en ese puesto fronterizo en las fechas en que Marey fue secuestrado.

Las mismas fuentes indicaron, por otra parte, que el juez todavía no ha recibido los números de carnés profesionales de los policías adscritos a la Brigada Provincial de Información de Bilbao, de la que José Amedo era subcomisario en 1983. Esta petición del magistrado provocó e rechazo de la fiscalía que presentó un recurso contra esa diligencia, aunque fue rechazado por el juez.

Segundo Marey fue secuestrado el 4 de diciembre de 1983 por los mercenarios franceses Mohamed Talbi y Jean Pierre Echalier, que creyeron que tenía relación con la banda terrorista ETA.