Teodoro Mota, uno de los representantes de la acción popular, explicó a Servimedia que transmitirán al Defensor del Pueblo su preocupación por entender que en este caso "se vulneran derechos muy importantes en el procedimiento, así como las garantías ue hay en él en materia de prueba".

En el recurso presentado el pasado 12 de enero contra una resolución del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción del 14 de diciembre de 1995, la acción popular estima que esa decisión provoca indefensión y conculca el principio de tutela judicial efectiva y el de igualdad procesal entre las partes.

Por ello, solicitan al Alto Tribunal que anule dicho fallo y que se dicte una nueva sentencia "por la que se acuerde no dar lugar al conflicto promovido por el Ministrio de Defensa y se reconozca la facultad del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional para acceder a los documentos solicitados".

En concreto, el juez pidió la desclasificación de la llamada 'acta fundacional' de los GAL, que supuestamente aportaría, entre otros datos, una nota de despacho redactada por el coronel Juan Alberto Perote sobre la inminencia de acciones en el sur de Francia contra ETA por parte de miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

El Consejo de inistros aprobó en su día, a instancias del Ministerio de Defensa, la negativa a aportar la documentación solicitada por el juez Garzón alegando que "afecta a la seguridad del Estado, a la defensa nacional y a las relaciones internacionales".