Según Rodrigo y Valdivia, en la privatización del servicio funerario no hubo ningún tipo de irregularidad por parte de ninguno de los políticos implicados (los concejales del PP Simón Viñals y Antonio Moreno y el diputado autonómico popular Luis María Huete).

"Nunca se debería haber llegado hasta aquí", dijo José Ignacio Rodrigo e referencia a la apertura de juicio oral contra los implicados en el caso.

Valdivia afirmó que "cada vez que hay elecciones, el caso se enciende", y agregó que los políticos del PP que posibilitaron la privatización de la Funeraria deberían tener una calle a su nombre y recibir un homenaje, porque lo que hicieron fue beneficiar a los ciudadanos.

Aseguró que "tenemos la conciencia tranquila" y que Funespaña ha saneado la Empresa de Servicios Funerarios, ha mantenido todos los puestos de trabajo y a mejorado el servicio que reciben los ciudadanos.

Respecto a la posibilidad de rescindir el contrato con el ayuntamiento de la capital, ante la apertura de juicio oral decretada por la justicia, como pide la oposición municipal, los directivos de Funespaña señalaron que "legalmente no podría hacerse".