En sendos escritos presentados el pasado 2 de junio, el abogado Marcos García Montes pidió al Alto Tribunal la ampliación de la querella contra Carlos Navarro y contra Rafael Delgado por presuntos delitos contra la hacienda pública, malversación de caudales públicos y falsedad en documento privado, mercantil y público, para el primero, y por falsedad en documento, contra la hacienda pública y por un presunto delito de coacciones, para el segundo.

Ambas peticiones fueron recazadas por el fiscal del caso, Antonio Salinas, quien en un informe del pasado 12 de julio informó desfavorablemente sobre la solicitud, señalando que no proceden las ampliaciones de la querella por entender que los hechos denunciados por la acusación particular "no guardan relación con la actividad del holding de empresas formado por Malesa S.A., Filesa S.A.y Time Export S.A. que constituye el ámbito" de la investigación del "caso Filesa".

En un auto notificado hoy a las partes, la Sala se remite alos argumentos empleados en sendos autos del pasado día 19 por los que rechazaba la petición, también de la acusación particular, de ampliar la querella a Alfonso Guerra, José María Benegas, Francisco Fernández Marugán, Guillermo Galeote y Emilio Alonso.

En dichos autos, el Alto Tribunal desestimaba la solicitud porque, en su opinión, la existencia de la causa especial que investiga la trama de Filesa es "suficiente garantía" para que en caso de que se hubieran producido esos hechos denunciados "se prceda como corresponde en Derecho", al tiempo que señalaba que el instructor es el que determina las medidas a adoptar.

En el escrito de hoy, la Sala vuelve a decir que si los hechos imputados a Navarro y Delgado son los mismos del "caso Filesa" pero cometidos por otras personas no querelladas, el juez actuará como corresponda, aunque apunta que que si son hechos distintos, no conexos, "es contrario al sistema incoporarlos a una causa ya en marcha, porque este es el mandato de nuestro sistema procesal"

Agrega que de esta manera se hace "perfectamente compatible la obligación de investigar y de enjuiciar, en su caso, los comportamientos delictivos con la necesaria simplificación y celeridad del proceso, que también es un principio esencial en el proceso penal".