Al igual que ya hizo cuando declaró como testigo ante el magistrado el pasado 31 de mayo, García Pardo explicó que este desconocimiento se debe a que un mes antes de que Producciones Dobbs realizara los negocios con el PSOE y Time Export, en junio de 1989, él ya había dimitido de su cargo y abandonado la sociedad.

Sin embargo, como novedad indicó que quien mantenía las relaciones en su empresa con el PSOE y Time Export era Rosario García Lucero, repreentante de Turn Key en producciones Dobbs, sociedad que estaba participada al 50% por Dorna, a la que él representaba.

Fuentes jurídicas recordaron que García Lucero ya fue citada como testigo por Barbero, pero no pudo se localizada por la Policía Judicial. Sin embargo, García Pardo dijo que hoy mismo había hablado con ella, a quién pudo localizar a través del teléfono. Ante esto, las partes solicitaron al magistrado que localicen a García Lucero y la cite a declarar.

De acuerdo con el informe elborado por los peritos de Hacienda, Producciones Dobbs tuvo un volumen de operaciones en 1989 de un total de 610 millones de pesetas, facturación que procedía en un 70% del PSOE y en un 10% de Time Export.

Los peritos señalaron que esta empresa giró a Time Export una factura de más de 60 millones de pesetas por la realización de un estudio, cuyo contenido no guarda relación con sus actividades. Además, no consta su existencia ni el contrato entre ambas empresas.

Asimismo, esta empresa prestó divesos servicios al PSOE con motivo de las elecciones de 1989 y 1990 por un importe global de unos 480 millones de pesetas, aunque, según los peritos, no consta ningún contrato y la contabilidad y facturas emitidas por esta empresa presenta anomalías e irregularidades.

Por otra parte, los abogados, fiscal y abogados del Estado expresaron hoy al juez Barbero su disconformidad con el horario de tarde para la toma de declaraciones, ya que, en su opinión, supone un perjuicio profesional para ellos.

El jez proseguirá el próximo martes, día 18, la toma de declaraciones con la comparecencia, también como inculpados de Iñigo Larrazabal, consejero delegado de El Viso Publicidad, y de Ramón Gómez Redondo, directo general de Mabuse.