Según indicaron fuentes judiciales, Bule señaló que en los 20 años que trabajó en el BCH esa fue la única vez que vió efectuar un pago de esa manera, ya que habitualmente la orden de pago requería la firma colegiada de varios miembros del banco, mientras que en esta ocasión la recibió sólo con la firma del interventor general.

Sin embargo, no pudo precisar quiénfue la persona que ordenó al interventor general de la entidad efectuar dicho pago, por lo que el juez Barbero le dió de plazo 5 días para que presente el nombre de esa persona o el documento acreditativo del pago.

Además, el magistrado ha citado para mañana al interventor general del banco, Eugenio Posada Puntero, que podrá aclarar quién le ordenó pagar dicho informe. También está llamado a declarar mañana Epifanio Ridruejo Brieva, consejero delegado del Banco Central.

Bule indicó, además, que pgos de esa cuantía sólo eran equiparables a los que hacía el banco en emisiones de bonos, ampliaciones de capital y campañas publicitarias.

A preguntas de la acusación, el ex secretario general del BCH afirmó que la entidad no encargó ningún informe a empresas ajenas durante al proceso de fusión del Banco Central y del Hispano Americano, sino que fueron realizados siempre por el servicio jurídico, por lo que fuentes de la acusación calificaron de "ridículo" que el banco encargase un estudio sobre fusines a Filesa.

Asimismo, Bule agregó que tampoco era normal pagar esas elevadas cantidades de dinero por un informe, teniendo en cuenta que entre los meses de julio y de noviembre de ese año el banco encargó un total de 13 estudios a entidades ajenas y, en total, sólo pagó 6.300.000 pesetas, siendo de un millón de pesetas el estudio más caro, de acuerdo con las mismas fuentes.

El ex secretario general del BCH también fue preguntado sobre otro informe sobre el sistema de financiación española ante a integración de la CE, también realizado en 1989, tres años después de la adhesión de España a la comunidad, por el que el banco pagó a Time Export un total de 120.960.000 pesetas. Sin embargo, Bule afirmó desconocerlo.

También el secretario del Consejo de Administración del BCH, Juan Manuel Echevarría, que declaró antes que Bule, afirmó no saber nada sobre los informes, de los que dijo que se enteró de su existencia por la prensa.

Echeverría justificó su ignorancia en que no quiso preguntar "po dignidad" quién encargó dichos informes, ya que en aquella época él era el responsable del Area de Mora y Contencioso del banco, es decir, de la asesoría jurídica que era la que realizaba los estudios para la entidad.

A lo largo de la mañana, en la que Barbero tomó declaración durante unas cuatro horas a los directivos, también compareció ante el magistrado Julián Martínez Simancas, director del Area Jurídica de Mora y Contencioso del BCH, quien fue llamado para que se ratificase en el testimonio queefectuó hace un año.

Las citadas fuentes señalaron que Martínez Simancas reiteró su ignorancia sobre la existencia de los dos informes ya que él se hizo cargo de la asesoría jurídica en 1990, mientras que los estudios fueron encargados en 1989.

No obstante, en su declaración de hace un año precisó que tras recibir del juez Barbero la petición para que remitiera los informes, peguntó al inerventor general sobre su paradero, pero éste le explicó que no pudo encontrarlos en el archivo de la entidad. Por otra parte, además de los dos directivos del BCH, mañana declarará ante el juez Luis Sancho Segimón Escobedo, secretario general del Banco Bilbao Vizcaya, con el fin de que se ratifique en su testimonio de hace un año.

Segimón dijo entonces que los pagos a Filesa de unos 300 millones de pesetas por dos informes fueron efectuados por voluntad expresa de Pedro Toledo, el fallecido director general de la entidad, y reconoció que el BBV continuó abonando parte de esas cantidades a Filesa tras la uerte de Toledo.