Escámez, que compareció ante Barbero durante algo más de dos horas para responder de las acusaciones de falsedad en documento mercantil, apropiación indebida y delito fiscal, ratificó íntegramente su declaración de pasado 28 de abril e insistió en que él no ordenó la realización de los dos informes, sino que se limitó a dar el visto bueno para que se efectuaran los pagos cuando le pasaron a la firma los contratos, como hacía con otros muchos asuntos.

Tras prestar testimonio ante el magistrado, el actual presidente de Cepsa, que no hizo declaraciones a la numerosos periodistas que se concentraron en el Tribunal Supremo, abandonó rápidamente el edificio en un automóvil "Volvo" de color gris metalizado que le aguadaba a la puerta.

Por su parte, el abogado de la acción popular, Marcos García Montes, declaró a los informadores que después de la comparecencia de Escámez son cada vez más abundantes los indicios que apuntan hacia la comisión de varios delitos en relación con la presunta financiación irregular del PSOE.

El letrado dijo que el banquero se mostró "sólido en sus respuestas" y en todo momento se remitió a la comisión de expertos que existía en el Banco Central en 1989 y que, a su juicio, tenía todala responsabilidad sobre el encargo de los informes.

Por otra parte, García Montes anunció que mañana solicitará al juez Barbero que cite a declarar a destacados dirigentes socialistas, como Alfonso Guerra, José María Benegas y Francisco Fernández Marugán, así como el ex responsable de finanzas del partido Guillermo Galeote.

Según el abogado, el ministerio fiscal no puede polarizar únicamente sus acusaciones sobre las cabezas visibles de los responsables de Filesa, Malesa y Time Export, sino que ambién debe tener en cuenta el testimonio de los responsables del Partido Socialista y su supuesta implicación en la financiación irregular del partido.

FONDO DEL ASUNTO

"Sus comparecencias", añadió, "son imprescindibles para llegar al fondo del asunto. No podemos tirar únicamente por la vía de los que supuestamente pagaron, sino de los que recibieron el dinero".

Igualmente, el letrado solicitó hoy a Barbero un pronunciamiento sobre la situación de Escámez tras su declaración de hoy como inculpdo, y si quedará en libertad total o provisional. El magistrado, según dijo García Montes a los periodistas, le aseguró que tomará una decisión al respecto en un breve plazo de tiempo.

En 1989 el Banco Central pagó 83 millones a Filesa por un estudio sobre los procesos de fusión bancaria y otros 121 millones a Time Export por un estudio sobre el sistema financiero español ante la integración en la Comunidad Europea (hecho que se había producido tres años antes).

No obstante, en su declaración de oy Escámez reiteró que él nunca vio ambos informes, así como tampoco otros dos por los que Cepsa abonó a Filesa 244 millones: uno acerca del refinado petrolífero y otro sobre el sector petroquímico en Europa.

Según García Montes, durante la comparecencia ante Barbero el magistrado preguntó reiteradamente a Escámez por qué su banco, aun teniendo una comisión integrada por expertos y técnicos de reconocido prestigio, encargaba estudios a compañías que sólo contaban con un ingeniero industrial y dos secrtarias.

El comité de expertos del Central estaba integrado en 1989 por doce personas, entre ellos el ex senador de UCD Manuel Broseta, quien fue asesinado por ETA, y Epifanio Ridruejo, entonces consejero del banco.