Los abogados temen sin embargo que los aforados no comparezcan ante el instructor después de conocer el contenido de las cartas enviadas por los presidentes del Congreso y del Senado, en las que piden al Alto Tribunal que determine si es necesario solicitar el suplicatorio para proceder contra los parlamentarios, escrito que será contestado también el próximo lunes.

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Pascual Sala, remitió hoy a la sala segund los escritos y deberán ser los magistrados Enrique Ruiz Vadillo, Luis Román Puertas y José Augusto de Vega quienes se pronuncien sobre la cuestión, según informaron fuentes de este organismo.

Barbero citó a declarar a los aforados recordándoles que no estaban obligados a hacerlo, "teniendo en cuenta su condición de parlamentarios", aunque éstos se mostraron dispuestos a declarar voluntariamente .

Los presidentes del Congreso y del Senado recalcan que sólo son los órganos jurisdiccionales quienesdeben decidir en qué momento procesal debe producirse la petición del suplicatorio y que, si se llega al convencimiento de que debe hacerse, sólo al pleno de las cámaras le corresponde dar la autorización, "sin que pueda sustituirse por la renuncia voluntaria del interesado".

Ante esta situación, fuentes jurídicas próximas al caso mantienen que los parlamentarios no comparecerán ante Barbero, pese a que han sido varios los aforados que se han sometido voluntariamente a los interrogatorios renunciandosu inmunidad parlamentaria, como fue el caso del diputado Angel Sanchís en el "caso Naseiro" o, recientemente, del senador de HB Iñigo Iruin, acusado de colaborar con ETA.

Las mismas fuentes opinaron que la respuesta de la sala será inminente y que ésta deberá pronunciarse, "aunque sea de una forma oscura", sobre la petición del suplicatorio, pese a que no lo hizo en el auto por el que desestimaba uno de los recursos interpuestos por la fiscalía y en el que respaldó la actuación del instructor.

e nuevo hoy los abogados Marcos García Montes, de la acción popular; de Ainco, José Luis Chamorro, y del PP, Juan Ramón Montero, se personaron en el despacho especialmente habilitado para el secretario judicial, los inspectores de Hacienda y el instructor del caso, con la intención de analizar los cerca de 30.000 folios de documentación incautada por el juez durante los dos meses de secreto sumarial.

Ninguno de ellos pudo sin embargo llevarse fotocopias, como pretendían, lo que provocó que el letrado e Ainco presentara una queja formal en la secretaría de causas especiales en la que protesta por la falta de medios materiales y humanos con que ha dotado el Ministerio de Justicia al instructor.

Según consta en el escrito presentado por Chamorro, la falta de medios impide a las partes trabajar con la documentación en las mismas condiciones que el ministerio fiscal o el instructor, que acceden a ella constantemente.

Los abogados de la acusación se manifiestan desbordados por la ingente cantidad d información y estiman que para estudiarla con todo detalle necesitarían dedicarle cinco horas de trabajo diario durante al menos dos años.