Aunque esta tanda de declaraciones se sucede a las efectuadas hace un año por otros directivos de esas empresas a petición del fiscal, no se descarta que el juezBarbero llame a testificar a otras personas relacionadas con esta trama, que serán solicitadas por las partes.

Así, entre las personas que presumiblemente comparecerán en breve ante Barbero figura el ex presidente del Banco Central y actual presidente de Cepsa, Alfonso Escámez, de quien un consejero de la entidad bancaria en 1989, Epifanio Ridruejo Brieva, dijo que fue la persona que ordenó pagar 83 y 120 millones de pesetas a Filesa y Time Export por dos informes que no han aparecido.

La compareencia de Escámez será solicitada cuando acaben las actuales declaraciones por el fiscal del caso, Antonio Salinas, que también tiene previsto instar al juez a que cite a otros testigos.

También la ex secretaria de Finanzas del PSOE, Aida Alvarez, podría ser llamada a declarar por Barbero a petición del abogado de la acusación particular, Marcos García Montes, y del abogado que representa al PP, Juan Ramón Montero, quienes la consideran una pieza central en la supuesta financiación irregular del PSOE. Montero, asimismo, tiene previsto solicitar la comparecencia de los responsables de las sociedades calificadas como instrumentales por los peritos de Hacienda en su informe sobre el caso y que presumiblemente realizaron operaciones ficticias, como Viajes Ceres, entre otras.

Durante el mes que se han prolongado las actuales declaraciones comparecieron el primer día ante el juez dos directivos del Banco Bilbao Vizcaya, quienes dijeron que fue el anterior presidente de la entidad, Pedro Toledo, falleido en diciembre de 1989, la persona que encargó a Filesa dos informes por los que el banco pagó más de 200 millones de pesetas.

Posteriormente, declararon cuatro responsables del Banco Central, quienes achacaron a Escámez la responsabilidad de la contratación de los informes. Tras ellos les tocó el turno a dos directivos de Cepsa, quienes reconocieron el pago de 240 millones de pesetas a Filesa por dos informes que fueron destruídos porque "dejaron de ser útiles".

También testificó un ex responsble de Focsa, entidad que abonó 106 millones de pesetas a Filesa por un informe sobre su implantación en Europa, así como otros de Enasa, que confirmaron el pago de 35 millones de pesetas a la sociedad por otro informe.

Los últimos en comparecer ante el juez fueron varios directivos de Catalana de Gas, compañía que pagó 8.400.000 millones por un estudio sobre exportaciones de gas a países del área mediterránea, y dos administradores de Camunsa, que reconocieron que la sociedad pagó 2.240.00 pesetas a ilesa por un informe sobre prospección de mercados en el norte de Africa.

Además de estos nuevos testigos, a lo largo de este mes también desfilaron ante el magistrado para ratificarse en sus declaraciones efectuadas hace un año un total de 24 directivos de empresas y bancos que pagaron por informes a Filesa.