Aida Alvarz, que estaba al frente, junto con su compañero Miguel Molledo, de las sociedades Empresa y Tecnología 2020 y Distribuidora Express 2020, está acusada de crear este grupo de empresas como correa de transmisión para la financiación irregular del Partido Socialista.

Durante su comparecencia, Aida Alvarez únicamente respondió a las preguntas del fiscal y se negó a contestar a las que le formularon los letrados del PP y de la acusación particular, ejercida por Marcos García Montes en representación de Jos María Ruiz-Mateos y de Christian Jiménez, acogiéndose al derecho constitucional que asiste a los inculpados para no declarar contra sí mismos.

Según el abogado del PP, José Ramón Montero, las evidencias documentales son tan extensas y tan difícilmente discutibles que Aida Alvarez apeló al derecho a no declarar para no incurrir en nuevas contradicciones.

A juicio del letrado, la compareciente realizó afirmaciones difíciles de creer, tales como que recibió en Ferraz 70 millones en metálico por el lquiler de la sede electoral de Gobelas, cuando esa cantidad no figura en la contabilidad del PSOE de esa época.

Para García Montes, la imputada "ha mentido desde el principio hasta el fin de su declaración" y no ha sabido dar réplica a las acusaciones contenidas en el informe de los peritos. "Aunque siempre respeto la presunción de inocencia", apostilló, "los documentos hablan solos".

JUSTIFICAR LO INJUSTIFICABLE

"Con la prueba documental que figura en el informe de los peritos y con la falta e respuestas de Aida Alvarez a las preguntas de los acusadores particulares, está claro que (Filesa) fue una construcción ficticia mercantil, para intentar justificar lo injustificable y para intentar dar actitud de lícito a lo que era presuntamente delictivo".

El letrado señaló que es difícil creer que en la sede del PSOE se cobraran más de 70 millones de pesetas, que se los entregaran allí, que los metiera en una bolsa de plástico y se fuera en un coche para ingresarlos en el banco.

Por su part, García Montes explicó que durante su comparecencia Aida Alvarez reconoció que fue coordinadora de finanzas del PSOE hasta 1982, y que tanto ella como Molledo eran los máximos responsables del grupo de empresas 2020.

Igualmente, el letrado indicó que las sociedades de Aida Alvarez cobraron 96.720.000 pesetas mediante cinco facturas giradas a Filesa.

La primera (por importe de 10 millones) por un denominado estudio de textos, la segunda, también por 10 millones, por otro llamado "Seguimiento y cordinación del informe", y la tercera factura (70 millones) por otro denominado "Manipulación y transporte".

La cuarta factura, cuyo monto ascendía a 3.360.000 pesetas, correspondía a 1,5 millones mensuales más IVA, en concepto del alquiler bimensual de las oficinas e instalaciones de avenida de América, 37 (edificio Torres Blancas). La última factura, del mismo importe que la anterior, era del alquiler de los meses de septiembre y octubre de 1989.