Según explicaron fuentes del Alto Tribunal, el artículo 56 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional no prevé "necesariaente" la paralización de las diligencias cuando se cuestiona la vulneración de derechos fundamentales como en este caso concreto, sino que se decide "atendiendo a cada caso concreto o a la posible perturbación de los intereses generales".

De acuerdo con las mismas fuentes, una vez recibido el informe de la fiscalía, que fue enviado hoy, los magistrados de la sección primera, a la que ha correspondido tramitar el recurso (el presidente Miguel Rodríguez Piñero, Rafael de Mendizábal y Fernando García-Mon se reunirán previsiblemente la próxima semana para acordar la admisión o inadmisión del recurso.

En el caso de que se admitiera a trámite el recurso, la Sala abre un plazo de alegaciones de tres días en el que los recurrentes y el fiscal deberán pronunciarse sobre la conveniencia o no de paralizar la causa.

La decisión final será adoptada por los seis magistrados que componen la Sección Primera del Alto Tribunal, que, además de los citados, está integrada por Vicente Gimeno Sendra, Carlos de la ega y Pedro Cruz Villalón.

De momento, la decisión no afectará a la actual situación de la causa, ya que el magistrado Marino Barbero paralizó la semana pasada todas las diligencias del "caso Filesa" hasta conocer si el Tribunal Supremo sigue siendo competente para juzgar la causa, después de la disolución de las Cámaras.

Sin embargo, el Alto Tribunal se dispone a pronunciarse al respecto de forma inminente, ya que la Sala Segunda se reunirá en pleno el próximo viernes para marcar las pautas geneales de actuación en todas las causas abiertas contra aforados en este organismo.

Una vez resuelto este tema, el proceso seguirá su marcha, ya sea en el Tribunal Supremo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña o los juzgados ordinarios de Barcelona donde se denunció el caso.