Moreda, que compareció como inculpado de un presunto delito electoral, declaró por espacio de casi dos horas y media ante el magistrado, al que reconoció que,aunque era el gerente del PSOE, carecía de capacidad de decisión en cuestiones económicas.

Según las mismas fuentes, Moreda hacía las propuestas de pagos a los proveedores, pero antes de formalizarlos necesitaba la autorización personal de Galeote. Agregó que todos los pagos se hacían a través de una cuenta del partido en Caja Postal, sobre cuyos titulares Barbero ya solicitó información.

Entre los proveedores del partido, Moreda reconoció a la ex coordinadora de finanzas del PSOE, Aida Alvarez,quien dijo que entregó, el 30 de agosto de 1989, 70 millones de pesetas en metálico como pago de parte del alquiler del edificio de la calle Gobelas de Madrid, en el que el PSOE instaló el comité electoral en aquellas fechas.

Además, esta cantidad también correspondía a pago por el mobiliario de la sede y por un trabajo de 'mailing' efectuado por la empresa de Aida Alvarez.

Explicó que ese dinero estaba guardado en una caja fuerte de su despacho y provenía del pago de los afiliados del partido. nte estas declaraciones, Barbero solicitó a Moreda que le aporte el recibo del pago efectuado a Aida Alvarez, aunque el gerente del PSOE dijo que ya constaba en la documentación entregada en su día al Tribunal de Cuentas.

Moreda también indicó que, aunque el pago fue hecho en agosto, en la contabilidad del partido consta inscrito en el mes de septiembre, debido a que los trabajadores del departamento de contabilidad no regresaron hasta esa fecha de sus vacaciones.

FILESA

Al ser preguntado sobreFilesa, el administrador general del PSOE dijo no haber tenido ninguna relación con ese grupo, y explicó que el hecho de que el PSOE no pagara 164 millones a la empresa de imprenta Hauser y Menet, cantidad exacta a la abonada a esa sociedad por Filesa, fue porque no terminó un trabajo encargado por el partido.

Por su parte, Marcos García Montes, abogado de la acción popular volvió a solicitar hoy al juez la comparecencia de Alfonso Guerra, ya que, a su juicio, es el máximo responsable de las presuntasirregularidades detectadas en la contabilidad electoral del PSOE, dado que era el coordinador del comité electoral en 1989 y estaba por encima de Galeote, que era el vicepresidente primero.

García Montes indicó que, en la declaración, Moreda se negó a contestar a sus preguntas y a las del abogado que representa al PP, Juan Ramón Montero. Este dijo que esas negativas se deben a que el PSOE efectuó unos pagos que todavía no han sido aclarados.

Moreda, que es la primera vez que declara ante Barbero,era el número 2 de las finanzas del PSOE en 1989 y estaba a las órdenes de Galeote, quien también está citado a declarar el próximo miércoles, día 26, en calidad de inculpado por un presunto delito de falsedad y contra la Hacienda Pública.

AIDA ALVAREZ

Según los peritos de Hacienda, durante 1989 empresas vinculadas a Aida Alvarez mantuvieron relaciones económicas y regulares con el PSOE, que eran establecidas a través de Moreda, como demuestra una documentación que obra en poder de Barbero.

Losperitos estiman que esas empresas de Aida Alvarez eran presuntamente utilizadas como cobertura de una doble contabilidad o financiación ilegal del partido, entre otros motivos por haber pagado una de ellas, Distribuidora Express 2.020, el coste de el alquiler del edificio de Gobelas. Según los peritos, Distribuidora Express 2.020 facturó en 1989 al PSOE un total de 249 millones de pesetas.

Además, de acuerdo con el dictamen de los peritos, la contabilidad del PSOE refleja irregularidades como consecuecia de los gastos invertidos en las campañas electorales, anomalías que fueron detectadas en las relaciones que el grupo Filesa y el PSOE mantuvieron con algunos proveedores de servicios electorales.

A juicio del fiscal del caso, Moreda podría haber incurrido por estos hechos en un delito electoral, que consiste en el falseamiento de las cuentas electorales del partido, "reflejando aportaciones o gastos, usando de cualquier artificio que suponga un aumento o disminución de las partidas contables", segn recoge la Ley Orgánica de Régimen Electoral.

Este delito está castigado con penas de prisión menor, es decir, de seis meses y un día a seis años de cárcel, y multa de 30.000 a 300.000 pesetas.