Así, el Supremo conoce oficialmente qué parlamentarios son miembros de esos órganos y, por ello, quiénes son los únicos snadores y diputados que conservan la condición de aforados, tras la disolución de las Cortes.

De este modo, la Sala Segunda podrá determinar si sigue teniendo la competencia en las causas especiales contra diputados y senadores, ya que al cesar en su condición de parlamentarios el Supremo debe inhibirse en favor de la justicia ordinaria.

Este es el caso de los socialistas Carlos Navarro y Josep Maria Sala, querellados en el "caso Filesa" que instruye el juez Marino Barbero, quienes, al no formar arte de las diputaciones permanentes, han perdido su condición de parlamentarios y, en el caso de Navarro, de aforado.

Josep Maria Sala, por su parte, continúa siendo diputado catalán, por lo que Barbero deberá decidir, previo informe de las partes y del fiscal, si remite el "caso Filesa" al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Esto se debe a que, según estipula el Estatuto de Autonomía de esa comunidad, si los delitos por los que se juzga a un parlamentario catalán fueron cometidos en Catauña, la competencia corresponderá al Tribunal Superior de Justicia de la comunidad.

En este supuesto, el "caso Filesa" dejaría de estar en manos del juez Barbero, aunque regresaría al Supremo si Josep Maria Sala es reelegido senador.

El próximo lunes, la Sala Segunda del Supremo celebrará una reunión extraordinaria en la que analizará la situación en la que quedan las restantes causas contra parlamentarios tras la disolución de las Cortes, como es el caso del procesamiento del senador de Herri Baasuna Iñigo Iruin, cuyo sumario podría ser remitido a la Audiencia Nacional.