Torres, en declaraciones a Servimedia, aseguró que si Vargas entiende que su traslado ha sido una "sanción encubierta", puede recurrir esgrimiendo que es una arbitrariedad o una "desviación de poder", algo que prohibe el artículo 9.3 de la Carta Magna.

Destacó que este artículo hace referencia a los casos en los que los responsables públicos "ejercen potestades administrativas para supuestos distintos de los previstos por la ley".

El ex fiscal general hacía estas manifestaciones en relacón al cambio de sección de Vargas y a la posibilidad de que este fiscal recurra, algo que este miembro del Ministerio Público está estudiando.

En este sentido, Torres añadió que cualquier acto administrativo es recurrible, y un traslado en aplicación del Estatuto del Ministerio Fiscal también lo es.

Incidió en que los actos administrativos son "discrecionales, pero que no permiten la arbitrariedad. Por tanto, cualquier recurso fundado en arbitrariedad o en desviación de poder, hablando en término técnicos, por lo menos debería tramitarse".

Sobre si considera que se ha producido esa desviación de poder en el cambio de destino de Vargas, Torres manifestó que esta medida era "previsible" después de las discrepancias entre el fiscal general, Jesús Cardenal, y su subordinado.