Digsa, que dispone de unas 1.000 tiendas de alimentación con una facturación de 70.000 millones de esetas anuales, está actualmente en un proceso judicial de quiebra, presentado por sus proveedores ante los impagos repetidos desde el pasado mes de mayo, lo que representa para la cadena de distribución un pasivo acumulado que supera los 20.000 millones de pesetas.

El abogado de diez de las empresas acreedoras, Manuel Ferrer, confirmó a esta agencia que el próximo lunes viajará a Holanda con la intención de cerrar la venta de Digsa y admitió que la compradora podría ser Unigro. Esta empresa había optdo a la compra de Digsa el pasado mes de abril, pero su propietario -Ashley Group- se decidió finalmente por Parafax.

Ferrer pretende conseguir de Unigro un contrato de intenciones para comprar Digsa, documento que presentaría a Arthur Oakes, actual hombre fuerte de Digsa, con la convicción de que éste cedería su puesto al grupo holandés.

Así, cuando el juez decretase la quiebra de la empresa, que pasaría a los acreedores, estos encargarían a Unigro la gestión hasta su reflotamiento, momento en qe pasaría a ser propiedad de los holandeses.

No obstante, otro grupo de acreedores intenta que sea la central de compras Selex la que asuma la gestión de Digsa, para lo que propondrán al juez que instruye el proceso de quiebra un nuevo equipo directivo, proveniente de esa sociedad.

Asimismo, los acreedores va a demandar a Ashley Group, el grupo británico que vendió Digsa el pasado mes de abril a Parafax, porque a su juicio "no es admisible que se venda una sociedad con un riesgo de 50.000 millone de pesetas a una empresa domiciliada en Hong-Kong".

Manuel Ferrer también llevará a cabo un proceso judicial para solicitar que la CE no admita las operaciones comerciales con sociedades "ilegales", es decir, instaladas en paraísos fiscales y que oculten su verdadera propiedad, como a su juicio es el caso de Parafax.