En una sentencia de cerca de 300 folios, el Alto Tribunal estima sólo los recursos presentados por el constructor Antonio Miguel Méndez Pozo y por el ex secretario del Ayuntamiento de Burgos Esteban Corral García, con lo que acuerda la anulación del fallo de la Audiencia Provincial de Burgos y dicta otro en el que sólo modifica la pena impuesta a éstos por prevaricación.

En la nueva sentencia, el Tribunl Supremo rebaja de 12 a 8 años de inhabilitación especial la pena impuesta a Méndez Pozo como autor de un delito de prevaricación, aunque le mantiene la condena de 7 años de cárcel por falsedad en documentos públicos y privados y los 3 meses de arresto por desacato.

También reduce la condena de 6 años de inhabilitación especial impuesta a Esteban Corral como cómplice de un delito de prevaricación continuada, a 3 años de suspensión de cargo público, confirmándole la pena de 6 años de suspensión de caro público por revelación de secreto.

El Alto Tribunal confirma también las condenas impuestas al resto de los procesados, que oscilan entre los 12 y los 7 años de inhabilitación especial por un delito de prevaricación continuada.

En la sentencia, la sala estima que pocos procesos y acusados "pudieron y pueden verse rodeados de más garantías que en este caso", por lo que rechaza las alegaciones de los recurrentes de vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva.

También estima que de os hechos probados fijados en la primera sentencia, que el nuevo fallo mantiene, se deduce que Méndez Pozo "consigue que los otros acusados tomen decisiones injustas a su favor" y añade que "es incuestionable" que el constructor "desplegó una constante actividad tendente a que las personas que podían decidir sobre sus intereses lo hicieran a su favor", añadiendo que "tampoco ofrece duda que al hacer sus propuestas conocía su absoluta ilegalidad".

El tribunal no tiene en cuenta, por el contrario, la peición de imponer penas de cárcel a Peña y a cuatro de los miembros de su corporación formulada por el abogado de la acusación particular durante la vista de los 11 recursos de casación celebrada el pasado 14 de enero.

El letrado acusó entonces a los ex ediles de ser autores de un delito de falsedad en documentos públicos, por lo que solicitó al tribunal que les impusiese una pena de cárcel similar a la que fue condenado el constructor, para el que también pidió que se ampliase su pena de cárcel, por sr autor de un delito de estafa.