"No solamente lo defienden los servicios jurídicos de la comunidad autónoma, sino que se buscan a tres abogados de fuera, por lo que la comunidad tendrá que hacer frente a un gasto adicional en la defensa de Collado", afirmó.

Dólera añadió que es la primera vez que una entidad, que en caso de delito sería la ofendida, paga la defensa de aquél que puede considerarseel responsable de los hechos. Esto, a su juicio, demuestra poca ética política.

Tras reiterar que la coalición sigue confiando en la independencia de la Justicia, indicó que el PSOE de Murcia, que apoyó la operación de compra de terrenos de Casagrande y rechazó la creación de una comisión de investigación en la Asamblea, puede estar muy interesado en encubrir responsabilidades penales, que en el orden político se traducirían en responsabilidades no sólo del ex presidente Carlos Collado, sino también dl PSOE.

En cuanto a la decisión del titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia, Hilario Sáez, dando por concluídas las diligencias judiciales sobre la compra-venta de los terrenos de Casagrande en la que se encuentra encartado el ex presidente Collado, Dólera indicó que no tiene constancia oficial de dicha medida.

Agregó que es posible que la línea del cohecho que inició el fiscal con la investigación de cuentas corrientes pueda estar concluída, aunque precisó que en operaciones de est magnitud las comisiones funcionan "vía maletín y no por cuentas bancarias".

No obstante, dijo que las diligencias no están todavía conclusas y que existen indicios racionales de presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos, al pagar la comunidad autónoma 1.500 millones de pesetas de sobreprecio por los terrenos de la finca Casagrande sin contar con los informes técnicos preceptivos.

Finalmente, se mostró partidario de la apertura lo más rápidamente posible del juicio oralen el que, en su opinión, Collado debe sentarse en el banquillo.