De la Barreda manifestó en una nota de prensa que "don Ignacio González Santiago, en la rueda de prensa que ha celebrado en el día de hoy, miente cuando dice que el auto de sobreseimiento, de fecha 22 e julio del presente año, permite demostrar la inexistencia de las amenazas, coacciones y agresiones contra la abogada doña Julia Bango y amenazas de muerte contra mi persona".

El diputado argumenta, en primer lugar, que González Santiago "tergiversa y omite de manera intencionada que el sobreseimiento es provisional y que ha sido recurrido".

"En segundo lugar", agrega, "porque dicho auto deja muy claro la existencia de esas amenazas y agresiones", por las cuales la juez de instrucción "determinóla imputación de nueve personas, entre las que se encontraban varios afiliados del Partido Popular, y contra las cuales adoptó, incluso, medidas cautelares".

De la Barreda considera "evidente que si la jueza no hubiera constatado la existencias de los delitos denunciados hubiera archivado definitivamente esas diligencias, cosa que no ha hecho, en una causa que supera los dos mil folios, tratándose por tanto, de un archivo provisional".

"A estas alturas", dice el diputado De la Barreda, "no cabe, omo ha pretendido el señor González Santiago, tratar de manipular a la opinión pública, hablando de un montaje y de autoagresiones, que nadie cree, aparte de lo que está más que sobradamente demostrado y probado en la causa, que en ningún caso cuestiona la existencia de estos delitos".

El llamado 'caso Bango' saltó a la luz en marzo de este año cuando el entonces presidente del PP de Tenerife, Francisco de la Barreda, denunció públicamente amenazas y coacciones realizadas presuntamente desde un teléfoo del Grupo Popular en el Cabildo de Tenerife.

Un día más tarde, la abogada del PP Julia Bango, que investigaba una recalificación presuntamente irregular de terrenos en el municipio de Tegueste (Tenerife), fue agredida a la salida de su casa por un matón que viajaba a bordo de una moto.